Entre ellas figura una modificación al Plan Operativo Anual del INTRANT, que impactó el monto del proyecto y el presupuesto de la institución. Dicha modificación fue ejecutada por la Dirección de Planificación y Desarrollo, área que para la fecha estaba dirigida por la señora Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, por mandato directo de Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, según establece el Ministerio Público en el documento de solicitud de coerción contra los vinculados.
«Tomando como base el objeto social de la empresa Transcore Latam S.R.L., diseñaron un pliego de condiciones manipulado para, aparentemente, modernizar, ampliar, supervisar y gestionar el sistema de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo», se lee en el expediente.
El órgano persecutor explica que el acuerdo establecido por «esta red» consistió en adaptar los requisitos del pliego de condiciones a su medida y utilizar documentos falsificados para hacer parecer a la empresa creada por ellos como la más adecuada.
«El referido pliego de condiciones fue elaborado a la medida de Transcore Latam S.R.L., en las instalaciones de la empresa AURIX S.A.S., ubicada en la Av. Gustavo Mejía Ricart, en una reunión dirigida por José Ángel Gómez Canaán (Jochi), y de allí fue llevado hacia el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), por Hugo Beras Coico Ramírez y Frank Díaz Warden«, detalla el MP.
Agrega que el 18 de enero del año 2023, mediante comunicación núm. DEJEC-INT-0076-2023, el director del INTRANT, Hugo Beras, dirigida a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, vía director de gabinete Frank Díaz Warden, «solicitó realizar las coordinaciones de lugar para la contratación del servicio de «Modernización, Ampliación y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo». Para ese momento no existía ningún documento con algún tipo de información técnica y financiera que transparentara el costo otorgado al proyecto».
«El citado proyecto tuvo su origen en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, dirigido por Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de dicho departamento; no obstante, el citado requerimiento se realizó desde la dirección ejecutiva, ya que con esto evitaban descalificar a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, pues sería designado como el jefe de los peritos que harían las evaluaciones técnicas en el proceso de licitación pública nacional, y así asegurar la adjudicación a la empresa Transcore Latam S.R.L. Lo anterior muestra las maniobras fraudulentas en el proceso y las intenciones de que el mismo beneficiara a la estructura, razón por la que aseguraron el control de este», asegura el órgano acusador.
Además, se indica que utilizando como base ese requerimiento, el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, mediante el acta núm. 0002-2023, autorizó el procedimiento de licitación pública nacional para la contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, referencia INTRANT-CCC-LPN-2023-0001. De igual forma, aprobaron el proyecto de pliego de condiciones específicas para el procedimiento de referencia, elaborado el quince (15) de febrero de 2023.
«En el mismo acto, designaron como coordinador de los peritos a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, cumpliendo con lo que anteriormente se había planificado. En dicho equipo también fueron designados Stephanie Gutiérrez Núñez, quien fungía como encargada de monitores y supervisión de transporte de carga; Jovanna Matos Fabián, analista de movilidad sostenible; Mayra Guerrero, analista financiera, y Miguel Ángel De la Rosa, encargado de redacción de contratos», se añade en el documento.
