La Dirección General de Contrataciones Públicas apoderó esta mañana a la Procuraduría General de la República de tres expedientes de violación a la Ley de Contrataciones Públicas, con “evidencias suficientes” para profundizar la investigación que involucra al Plan Social de la Presidencia y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
Carlos Pimentel, director del organismo, dijo que según la documentación entregada al titular de la Pepca, procurador adjunto, Wilson Camacho, desde el 2019 ha sido identificado un recurrente y sospechoso quehacer en los procesos de compras y contrataciones del Plan Social que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias paras esas compras.
Pimentel indicó que esas acciones se traducían en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios, teniendo como única explicación vínculos y acuerdos entre funcionarios públicos y proveedores del Estado.
En cuanto al expediente del Inaipi uno de ellos refiere que en el año 2016 esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, a través de procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado 208.5 millones de pesos.
Citó que según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas esos pagos se hicieron por concepto de equipos computacionales y de comunicación, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructuras y mobiliarios.
El segundo de los expedientes tiene que ver con irregularidades detectadas en el proceso, realizado en el 2018 para el suministro y distribución de leche en los centros de atención integral a la primera infancia y centros de atención a la familia.
Aseguró que el Inaipi adjudicó contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí, que superan los 70 millones de pesos, con el argumento de que había sido un proceso transparente en el que las compañías cumplieron con el pliego de condiciones.
Pimentel dijo que en el Plan Social de la Presidencia funcionó una estructura de proveedores y funcionarios que se beneficiaban de manera ilícita de los concursos.
“Resumimos que en el Plan Social de la Presidencia durante un tiempo considerable funcionó una estructura de proveedores y funcionarios de esa institución que a través de las contrataciones públicas se adjudicaron beneficios y recursos de manera ilícita”, afirmó.
