El director del Consejo Nacional para el VIH(Conavihsida), Víctor Terrero, solicitó a las autoridades revisar y adaptar legislaciones y políticas que afectan a los usuarios de drogas en los programas de prevención y atención del VIH.
Planteó la modificación de Leyes como 135-11 en sus artículos 50,78 y 79, así como la Ley de Drogas 50-88. Sostuvo que en ocasiones se condena a una madre a ocho y diez años de prisión por ocuparle una pequeña porción de droga prohibida y se olvida de que esa mujer tiene tres y cuatro hijos pequeños que cuidar y mantener y que ese tipo de caso se debe contemplar en la ley.
“Estamos levantando nuestra voz en favor de los usuarios de drogas inyectables que viven con la condición de VHI y quienes tienen un 22% más de posibilidades de contraer el virus”, sostuvo.
Manifestó que de acuerdo con datos ONUSIDA esos usuarios muchas veces comparten agujas, jeringas y otros suministros para inyección, con los cuales contraen la enfermedad. Aseguró que ese tipo de política restrictiva ha fracasado en otros lugares. Llamó a cambiar la política restrictiva que se aplica actualmente por una sanitaria para que no se siga criminalizando el uso de drogas y se vea como un problema de salud pública.
Terrero que las políticas deben enfocarse en trabajar con la persona para evitar el consumo, pero además, el contagio de VIH a través de uso de jeringas y otros instrumentos. Recordó que en el país hay unas 12,000 personas que tienen VIH y no lo saben.
Al participar en la conferencia sobre “Políticas de Drogas, el VIH y los Derechos Humanos”, Terrero señaló que la población más vulnerable para contraer VIH son la población LGBTI, los migrantes haitianos, los niños de baja escolaridad en los bateyes que son los que aportan la mayor cantidad de los nuevos casos.
El director de Conavihsida informó que más de 79,750 personas viven con VHI en el país, de los cuales trabajan con casi 69,000 para un faltante de 10,000. A todos los identificados se les suministran los retrovirales, para lo cual el Estado invirtió este año 17 millones de dólares.
De su lado, Mauricio Ramírez Villegas, coordinador del Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana también abogó por política integrales en el tema de las drogas y el VIH.
Dijo que las políticas públicas deben ser más humanizadas para responder con efectividad a la lucha contra las drogas y aseguró que hay evidencias científicas por parte de Naciones Unidas, organismos especializados que demuestran que una política pública más humanizada es más efectiva que las restrictiva y criminales que profundizan los problemas de las drogas.
Los artículos en disputa
Artículo 50.- Pruebas obligatorias. La realización de las pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos, son obligatorias cuando:
1) Se requiera para fines de prueba en un proceso penal, previa orden de la autoridad judicial competente; no obstante el imputado se rehúse a la realización de la prueba para la detección
del VIH o de sus anticuerpos.
2) Se trate de donación de sangre, hemoderivados, leche materna, semen, órganos y tejidos.
3) Se trate de una mujer embarazada, como parte de los exámenes prescritos por el médico tratante, con la finalidad de asegurar el interés superior de la criatura por nacer.
Artículo 78.- Obligación de informar a la pareja sexual. Toda persona que, conociendo su seropositividad al VIH, no comunique su condición serológica a la persona con la que vaya a
sostener relaciones sexuales, será castigada con la pena de reclusión de dos (2) a cinco (5) años.
Artículo 79.- Transmisión del VIH de manera intencional. Toda persona que, por cualquier medio, transmita el VIH de manera intencional a otra, será castigada con pena de reclusión de veinte (20) años.
