El presidente Danilo Medina dijo hoy durante su participación en la VIII Cumbre de las Américas que se celebra en Lima, Perú, que el Gobierno está comprometido en la lucha contra la corrupción, uno de los principales temas abordados en el cónclave.
Dijo que se abrió un espacio de reflexión y cooperación que conecta con algunas de las inquietudes y aspiraciones más sentidas por los pueblos de la región, y que eso permite evaluar juntos medidas concretas.
“Estamos decididamente comprometidos en esta lucha y nos encontramos impulsando toda una serie de medidas de modernización y transparencia de la administración pública,”, indicó el mandatario al participar en la plenaria de este sábado.
Discurso de Presidente Danilo Medina
Danilo Medina
Sesión Plenaria de la VIII Cumbre de las Américas
Lima, Perú 13-14 de abril de 2018
Saludos protocolares,
Señoras y señores,
Quiero iniciar mis palabras agradeciendo su hospitalidad al Presidente Martín Vizcarra y felicitando al pueblo peruano por acoger esta cumbre, por poner el tema de la gobernabilidad democrática frente a la corrupción en el centro de la agenda de cooperación de los países de las Américas.
Abrimos, así, un espacio de reflexión y cooperación que conecta con algunas de las inquietudes y aspiraciones más sentidas por nuestros pueblos y nos permite evaluar juntos medidas concretas.
Por supuesto, entendemos que no hay una sola receta que sirva en todos los países, pero considero que tenemos mucho que ganar si mejoramos nuestros mecanismos de cooperación, coordinamos esfuerzos y compartimos las mejores prácticas y estándares.
La República Dominicana se identifica plenamente con el espíritu y la letra del Compromiso de Lima sobre Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción.
Estamos decididamente comprometidos en esta lucha y nos encontramos impulsando toda una serie de medidas de modernización y transparencia de la administración pública, que me gustaría compartirles.
Como parte de este esfuerzo, nos dotamos de una nueva Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que impone sanciones al incumplimiento de las debidas diligencias para depurar a los clientes o beneficiarios finales e incluye la responsabilidad empresarial.
También enviamos al Congreso un proyecto de Ley de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos y un proyecto de Código Penal, que incluye los castigos contemplados en las convenciones internacionales contra la corrupción; ambos pendientes de aprobación.
De igual forma, el Ministerio Público de la República Dominicana ha fortalecido sus capacidades para combatir el lavado de activos, contando con modernas herramientas informáticas y personal capacitado y con un nuevo reglamento interno de administración y
custodia de bienes incautados, que incluye la aplicación de medidas en materia de congelamiento o inmovilización de activos.
En cuanto a la transparencia gubernamental, debo señalar que, a día de hoy, el presupuesto anual del Poder Ejecutivo es elaborado con una planificación, asignación y ejecución predecible, clara y responsable.
Esto quedó demostrado en enero de 2018, cuando el Informe Mundial sobre el Índice de Presupuesto Abierto Internacional situó a la República Dominicana en el lugar número 20, de los 115 países que fueron evaluados.
Asimismo, nuestro país ha experimentado una transformación extraordinaria en cuanto a las compras y contrataciones.
Así, mientras que hace 5 años la nómina de proveedores del Estado era de un poco más de 19,000 proveedores, en 2017 ya eran 72,000. Esto no solo muestra que se ha democratizado la contratación de servicios públicos, sino también que ha crecido notablemente la confianza en las instituciones, de manera que las empresas ahora quieren ser proveedores del Estado.
Hablamos de 72,000 proveedores que, además, han pasado a participar en la supervisión activa de las Compras y Contrataciones, gracias a la implementación del nuevo Portal Transaccional, que ya funciona en 166 instituciones que manejan más de un 70% del presupuesto nacional.
Este portal obliga a poner toda la información de los procesos de planificación, presentación de propuestas, adjudicación compra y pago a proveedores en línea y en tiempo real, garantizando así el uso transparente y abierto de los recursos públicos.
Igualmente, cuando decidimos invertir masivamente en la construcción de 28,000 aulas escolares, lo hicimos bajo el sistema de sorteos abiertos, libres y transparentes, donde todos los ciudadanos y empresas con las debidas competencias puedan participar bajo igualdad de condición.
Así mismo, el país cuenta con la Cuenta Única del Tesoro, a la que se han incorporado 269 instituciones. Con este proceso se cerraron 3,488 cuentas bancarias y fueron consolidados en una cuenta 271 mil millones de pesos, casi el 35% del presupuesto general de la nación, que previamente se encontraban dispersos y eran manejados a discrecionalidad.
Otras dos herramientas clave, diseñadas para la modernización y transparencia en la gestión pública, son el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), herramienta informática que da sustento a la Cuenta Única del Tesoro; y el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, que nos permite conocer al detalle los avances en el cumplimiento de nuestras metas de gobierno.
Como resultado de estas medidas, la República Dominicana se encuentra entre los primeros cinco países latinoamericanos con mayores avances en Gestión Financiera del Estado, como reconoció el Foro de Tesoreros Gubernamentales de América Latina (FOTEGAL).
Por otra parte, para cerrar otros potenciales focos de corrupción, se ha instaurado la Mesa Presidencial Contra el Contrabando, Falsificación e Informalidad de Bienes, que une a las instituciones públicas con el sector privado en la lucha por eliminar prácticas fraudulentas, en sectores regulados como los del tabaco, las bebidas alcohólicas y los fármacos, entre otros.
Y, paralelamente, hemos abierto espacios a la supervisión ciudadana, instaurando 25 Comisiones de Veeduría en Ministerios y otros organismos públicos. De hecho, algunas de las denuncias de irregularidades que se han investigado han partido de dichas veedurías.
También hemos establecido 208 Oficinas de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) en diversas dependencias gubernamentales e instituciones que manejan fondos públicos, incluyendo ayuntamientos, permitiendo a los ciudadanos analizar y evaluar el destino de los recursos públicos.
De la misma forma, se creó la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, que es el órgano rector en materia de ética y lucha contra la corrupción en el ámbito del gobierno central.
Y para llevar a cabo tan importante objetivo para la vida democrática se han conformado ya 206 comisiones de ética pública, como su principal brazo ejecutor.
En estas comisiones, 2,200 servidores públicos, electos por votación popular, se comprometieron a velar por la transparencia al interior de sus instituciones.
Estos avances en materia de transparencia se han visto reforzados con la implementación del Gobierno Electrónico.
Actualmente, 207 instituciones publican información relevante en portales propios donde, quienes deseen, pueden tener acceso a su ejecución presupuestaria, nómina o proveedores, entre otros aspectos.
República Dominicana es uno de los pocos países de América que posee un marco completo de políticas y normativas TIC y de gobierno electrónico Esto nos ha permitido estar en la lista de 11 países con estándares de datos abiertos en educación, salud, gasto presupuestario, bienestar social, trabajo y medio ambiente.
Señoras y señores,
Estos avances en materia de transparencia, sumados a otras importantes iniciativas vinculadas a la democratización de la educación, la salud, el crédito y el acceso a la vivienda, han logrado un crecimiento inclusivo y una sociedad dominicana más justa y democrática.
Sin embargo, sabemos que aún queda mucho por hacer y, sobre todo, sabemos que los ciudadanos y ciudadanas de hoy no son los mismos que los de hace 10 años, ni siquiera los de hace 5 años.
En este tiempo, decenas de millones de personas han salido de la pobreza, han recibido más años de educación y se han conectado al mundo, y entre sí, a través de internet.
Esto ha traído consigo consecuencias muy positivas, por supuesto, pero también una revolución de las expectativas que exige a los liderazgos adaptarse a un escenario de cambios constantes y vertiginosos.
Al mismo tiempo, no podemos ignorar que el sistema económico en el que estamos inmersos, un modelo capitalista de acumulación, impulsa a cada individuo y organización a buscar el máximo beneficio y la máxima rentabilidad, en el menor tiempo posible.
Y esto también tiene consecuencias concretas, en los valores, en los comportamientos y en la conformación de nuestras sociedades y los individuos.
Les pongo solo un ejemplo: el crecimiento exponencial del narcotráfico y el crimen organizado, que se alimenta cada vez más de jóvenes que prefieren el dinero fácil al largo camino de estudiar y trabajar. Y les pregunto ¿Podemos culparlos?
Al fin y al cabo, esos son los valores que les muestra la sociedad diariamente. ¿Cómo les convencemos de que no elijan el afán de lucro cuando se les presenta en la calle? ¿Cómo los incentivamos al esfuerzo y al largo plazo, mientras todos los medios les dicen que deben tener todo y tenerlo ya?
Por otra parte, también es importante reconocer que una auténtica cultura democrática en el mundo interconectado de hoy va mucho más allá de la celebración de elecciones libres o el respeto a la división de poderes.
La cultura democrática en la sociedad de la información exige responsabilidad y madurez a todos: a los partidos de gobierno y a los de oposición, a la prensa, a los agentes económicos, a las organizaciones civiles y, por supuesto la ciudadanía en general.
Por eso, es importante que empecemos a actuar desde ahora, con legislaciones más transparentes, con partidos más responsables y con el convencimiento de que mantener una democracia sana es cada vez más, una tarea conjunta de todos los ciudadanos y ciudadanas de una nación.
Señoras y señores, Esta cumbre nos plantea interrogantes sobre la gobernabilidad, es decir, sobre la capacidad de llevar a cabo realmente un proyecto de país. No es una pregunta menor, dadas las circunstancias que nos rodean. Vivimos en el permanente equilibrio entre la urgencia para dar respuesta a las necesidades expresadas diariamente por los ciudadanos y, a la vez, establecer los controles necesarios para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas que nos demandan.
Vivimos en la paradoja de ser las sociedades con más acceso a la información de la historia, y a la vez las más expuestas a la mentira, la manipulación y la calumnia.
Vivimos en un momento político en que las tendencias económicas empujan la globalización y la eliminación de barreras, al tiempo que amplios sectores de la ciudadanía apelan a la soberanía de sus fronteras y exigen la protección de los Estados Nación.
No es una ecuación sencilla. Y lo será cada vez menos, si no logramos acortar distancias entre las expectativas y las posibilidades. Este es el gran ejercicio que debemos hacer juntos, con responsabilidad y espíritu constructivo, si no queremos entrar un círculo de frustración permanente. Por una parte, es urgente que las instituciones democráticas aceleren el paso en las transformaciones que exige la ciudadanía, que sigamos profundizando la modernización de la función pública y que busquemos nuevas formas de participación.
Por otra, es fundamental que construyamos, entre todos, espacios para la confianza, para el intercambio de propuestas y sobre todo, para el consenso que nos permita avanzar en las metas fundamentales y de largo plazo, como la erradicación de la pobreza, el combate al cambio climático y la lucha contra la corrupción. Es verdad, son muchos los retos que nos plantea este escenario cada vez más dinámico y diverso y, sin embargo, hay cosas que no cambian: Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Por tanto, en este escenario es más importante que nunca reclamar el valor de la política y de lo público en su sentido más puro, es decir, aquello que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Solo de esta forma podremos firmar un nuevo contrato social, capaz de garantizar el desarrollo sostenible en sociedades cada vez más justas, más transparentes y más prósperas para todos y todas. Muchas gracias.
