WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos determinará si el gobierno de Donald Trump puede o no poner fin a un programa que protege de la deportación a alrededor de 800.000 jóvenes que llegaron al país cuando eran menores de edad.
La corte anunció que escuchará los argumentos en torno al caso en su siguiente periodo de actividades —que empieza en octubre— y posiblemente emita su decisión en la primavera o verano de 2020, que seguramente provocará un debate feroz respecto a la migración en la antesala de las elecciones presidenciales del próximo año.
Trump intentó cerrar el programa en 2017 al decir que había sido un uso inconstitucional del poder de decreto de Barack Obama y revivió así la amenaza de la deportación para jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos de manera no autorizada cuando eran menores de edad.
Hasta ahora, jueces federales han ordenado que se deben mantener vigentes varias partes del programa, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) mientras avanzan los cuestionamientos legales en contra de su clausura.
La suerte de DACA y de los jóvenes a quienes protege, conocidos como dreamers, ha estado al centro de varios de los debates más álgidos sobre migración en Washington desde que Trump llegó a la Casa Blanca.
Legisladores de ambos partidos en Estados Unidos exhortaron a Trump para que no acabara con DACA, pero rechazó esos consejos y en septiembre de 2017 dijo que el programa se había “saltado al congreso” y que las acciones de Obama para aprobar las medidas de protección a esos inmigrantes por decreto había violado “los principios básicos que sostienen a la república” estadounidense.
Al mismo tiempo, Trump —quien sí ha llegado a expresar su simpatía por los jóvenes que migraron al país— retrasó la terminación del programa por seis meses y emplazó al congreso a que aprobaran alguna medida legislativa que protegiera de manera más permanente a los dreamers de la deportación y tal vez les diera una manera de adquirir la ciudadanía posteriormente.
Cuando estaba por terminarse el plazo, los intentos de negociar entre la Casa Blanca y los congresistas fracasaron, con demandas de Trumppara que las medidas incluyeran cambios generales más restrictivos a la inmigración y que se establecieran miles de millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo.
La presión más inmediata para alcanzar un acuerdo se redujo cuando los tribunales forzaron temporalmente a la Casa Blanca a que mantuviera el programa. Sin embargo, eso podría cambiar si la Corte Suprema establece que el gobierno federal tiene el poder para acabar en definitiva con DACA.
En noviembre de 2018, hubo un fallo en contra de la decisión de Trump por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito Federal, ubicada en San Francisco. La corte determinó que los presidentes tienen el poder de alterar las políticas de gobiernos previos, pero que el argumento legal que propuso la administración de Trump para este caso no se sostenía. El tribunal también cuestionó “la crueldad y el dispendio de deportar a personas jóvenes productivas a países con los que no tienen vínculos”.
En mayo pasado, otra corte de apelaciones —del Cuarto Circuito en Richmond, Virginia— falló de manera similar.
El gobierno de Trump desde hace tiempo ha buscado persuadir a la Corte Suprema de que tiene la autoridad para cancelar el programa, pero los magistrados rechazaron una petición peculiar para revisar el tema hecha en enero de 2018, cuando aún no habían decidido al respecto las cortes de menor instancia. El gobierno volvió a preguntar por una decisión del mayor tribunal en noviembre del año pasado, poco antes de que la corte en San Francisco emitiera su fallo. Durante varios meses, la Corte Suprema no respondió a la solicitud, aunque en la práctica no suele tardarse tanto en hacerlo.
Entonces este mayo el gobierno sometió otra solicitud más, esta para revisar la decisión del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito.
En esta última solicitud, la Casa Blanca argumentó que DACA era un ejercicio inconstitucional de la autoridad del poder ejecutivo, a partir de un fallo previo de otra corte de apelaciones, la del Quinto Circuito en Nueva Orleans, sobre un programa relacionado. Cuando la Corte Suprema revisó la decisión de esa corte en Nueva Orleans, en 2016, terminó en un empate, cuatro magistrados a favor y cuatro en contra.
Además, el fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ya decía que el programa que revisó y DACA tenían diferencias importantes, lo que socava el análisis en la solicitud del gobierno de que los temas y decisiones están vinculados. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito respaldó un requerimiento para que se mantuviera a nivel nacional buena parte del programa mientras el caso era revisado.
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ahora sí revisar el caso podría motivar al congreso y a la Casa Blanca a alcanzar un acuerdo antes de un fallo que posiblemente exponga a cientos de miles de personas migrantes a la deportación.
Si no hay un acuerdo, la conclusión a la que lleguen los magistrados para mediados del próximo año podría tener un efecto pronunciado en la campaña presidencial, sin importar cómo se pronuncie la corte.
De decidir que el gobierno de Trump tiene la potestad de terminar el programa, eso podría vigorizar a los votantes demócratas y llevar a los activistas por los derechos de los inmigrantes a hacer una campaña aún más agresiva en contra de la reelección de Trump. Si la corte determina que Trump no tiene el poder para ponerle fin a DACA, también se motivaría a la base de simpatizantes del presidente.
