En la madrugada de este domingo terminó para los dominicanos el toque de queda que, como parte de las acciones para controlar la propagación del coronavirus, estableció el Gobierno en todo el territorio nacional.
La disposición, dictada mediante el Decreto 135-20, del 20 de marzo pasado, limitó la movilidad de los ciudadanos en horas nocturnas, iniciando de 8:00 de la noche a 6:00 de la mañana, aunque en ocasiones se modificó el horario para abarcar un tiempo más amplios.
La medida ni el peligro de contagio del COVID-19, una enfermedad letal que desde entonces ha matado a 726 personas en el país y a más de 495,000 en todo el mundo, logró frenar la salida de los dominicanos.
La Policía Nacional registra que, durante los 99 días de vigencia de la disposición presidencial, 92,159 personas fueron apresadas por salir a las calles en horario del toque de queda, sin tener un permiso o excepción para desplazarse, como el que se otorgó a trabajadores de áreas esenciales como la salud, producción y distribución de alimentos o combustibles.
Justo el primer día de entrada en vigencia del toque de queda, la Policía apresó a 1,714 personas, según informó esa institución al día siguiente, y al cabo del mes de marzo, los detenidos sumaban 19,517.
El viernes pasado, el presidente Danilo Medina se dirigió al país para ofrecer informaciones respecto a las políticas de manejo de la pandemia del COVID-19. Entre ellas, informó que no se volvería a prorrogar el estado de emergencia que regularizaba el toque de queda y que culmina el próximo 1 de julio.
Aunque reconocía el repunte que ha tenido el COVID-19 desde que el pasado 20 de mayo se inició la desescalada de las medidas restrictivas a las actividades sociales y productivas del país, el mandatario expuso las dificultades encontradas en la Cámara de Diputados para aprobar la resolución que lo autoriza a declarar nuevas prórrogas a la excepcionalidad.
Para seguir con las acciones que le permitan tener control de la pandemia, Medina informó que se apoyarán en las prerrogativas que le otorga la Ley 42-01 al Ministerio de Salud Pública, que declararía una emergencia sanitaria nacional.
Ya ese Ministerio emitió una resolución que establece el uso obligatorio de mascarillas y, de acuerdo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en lo adelante emitirá otras relativas a mantener disposiciones como el distanciamiento social una vez culmine el estado de emergencia.
La capacidad de disuasión de esas resoluciones, sin embargo, queda en interrogante una vez que entre abogados se cuestiona la legalidad que tiene Salud Pública para imponer multas.
Las medidas de desescalada en el país están dividas en cuatro fases, y ya se ha avanzado a la segunda, que implicó la reactivación del servicio de transporte público, aunque con limitaciones de personas, así como el permitir que las empresas trabajen con entre el 100% hasta el 75% de su personal, dependiendo de su tamaño.
La tercera fase, que estaba prevista para el pasado 17 de junio, se frenó, sin embargo, debido al repunte de los contagios por coronavirus que, a la fecha alcanza a 31,373 personas. En las últimas dos semanas se han tenido récords de casos nuevos, llegando hasta 855 casos en 24 horas, como se reportó ayer sábado. No obstante, el 1 de junio se permitirá la reapertura gradual de sector turístico, conforme estaba previsto para el 1 de julio, cuando el Gobierno pautó el inicio de la fase cuatro de la desescalada.
Al mayor movimiento comercial se suma la actividad política previa a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio que están generando la movilización de personas en todo el país en actividades proselitistas que violan las disposiciones aún vigentes de distanciamiento social y no aglomeraciones.
