La ONU le exige a Irán desde comienzos de siglo que renuncie a su plan de desarrollo nuclear, sospechando que su objetivo es la obtención de bombas atómicas. Asegurando que sus intenciones eran pacíficas, el régimen de los ayatolas se negaba sistemáticamente a cumplir los pedidos.
Para aumentar la presión, el Consejo de Seguridad aprobó en 2006 un paquete de sanciones destinado a golpear la economía iraní. Por un lado, congeló activos pertenecientes a distintos organismos públicos y a prominentes figuras del régimen, que suman unos 29 mil millones de dólares. En segundo lugar, estableció penalizaciones contra sus exportaciones petroleras, limitando la posibilidad de que otros países le compren.
Tercero, prohibió a firmas extranjeras invertir en recursos naturales, en compañías automotrices, en turismo y en otros sectores de la economía del país persa. Cuarto, le impidió comerciar con el resto del planeta y acceder al sistema bancario internacional.Por último, estableció un embargo a la venta de armas al país.
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Tras años de sentir los duros efectos de las medidas, Irán accedió en 2015 a negociar un acuerdo con Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, China y Alemania. La República Islámica aceptó reducir drásticamente sus reservas de uranio y a limitar su enriquecimiento al 3,67% (para desarrollar arsenal nuclear es necesario enriquecerlo al 90%). A cambio, las potencias decidieron suspender los cuatro primeros ítems del paquete de sanciones. La única que permanece en pie es el embargo a la venta de armas.
El acuerdo supone que, si Teherán viola cualquier aspecto, las penas son restablecidas automáticamente. Hasta 2017, las dos partes coincidían en que se estaba cumpliendo con lo firmado. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca provocó un vuelco. El mandatario republicano fue siempre muy crítico con lo acordado y desconfía de Irán.
Para evitar una ruptura, la Unión Europea y las otras potencias firmantes tratan de persuadir a Trump de que el régimen iraní está acatando lo pactado. El problema es que, cada 120 días, el presidente de Estados Unidos tiene que decidir si mantiene la suspensión de las sanciones o las restablece. Este viernes se cumple el plazo y hay mucha incertidumbre sobre lo que va a decidir Trump, que se muestra cada vez más renuente a sostener el acuerdo.
