La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) criticó que a la fecha no haya habido una sanción a ninguno de los más de 1,200 funcionarios públicos que la Cámara de Cuentas presentó en un listado en agosto del pasado año, en violación a la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio.
La FINJUS atribuye la falta de sanción a esos funcionarios a “las deficiencias institucionales para transparentar el Estado Dominicano (…) que brotan en muchos actos de la Administración Pública o los poderes del Estado.
“Hasta el momento se desconoce si alguno de esos funcionarios ha sido sancionado tal como expresamente consigna la normativa”, se queja en un documento en el que evalúa el sistema de justicia dominicano, el cual, afirma, se encuentra “inmerso en una aguda crisis institucional sin precedentes”.
La FINJUS dice preocuparle que siga creciendo en el país la creencia de que el principal problema es la impunidad, lo que puede “convertirse en un peligroso lastre para el desarrollo nacional” y cita, como ejemplo, que la justicia penal en el 2015 “volvió a fallar al no poder procesar y juzgar los casos emblemáticos en materia de corrupción pública, así como investigar y perseguir las fuentes de la corrupción en el Estado”.
“Los tristes casos relacionados con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), tanto en el suicidio del arquitecto como en la remodelación del Hospital Darío Contreras, han indignado la sociedad dominicana, sin que tengamos a la vista una respuesta contundente en el sistema de justicia”, agrega en su documento la Fundación Institucionalidad y Justicia.
Sostuvo que la sociedad dominicana observó, “sorprendida y decepcionada, como casos emblemáticos ligados con la transparencia en el sector público no pudieron llegar a juicios de fondo, con las garantías propias del debido proceso de ley”.
En clara alusión al caso del senador Félix Bautista y otros seis acusados por corrupción, expuso, asimismo, que “múltiples sectores sociales, tanto desde los medios de comunicación, la comunidad jurídica e instituciones eclesiales, mostraron su oposición a que el Ministerio Público no continuara ejerciendo otros recursos disponibles en esos procesos”.
Calificó las acusaciones de corrupción en el Poder Judicial como la “formalización de denuncias graves por parte de diferentes sectores sociales y miembros de la comunidad jurídica que en los últimos meses señalaban directamente a jueces penales como responsables de sentencias, actos y decisiones diversas con indicios claros de violación del derecho”.
