La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, fue intimada el viernes para que presente acusación formal en contra de uno de los implicados en fraude de la quiebra del banco Peravia, cuyos principales ejecutivos se encuentran prófugos, de lo contrario que declare la extinción de la acción penal.
La intimación fue presentada por ante la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción, que preside Patricia Padilla, por el imputado Carlos Serreret Sugrañez, a través de sus abogados Ingrid Hidalgo Martínez y Manuel Antonio García.
Pidieron declarar buena y válida la solicitud de intimación al superior inmediato de la fiscal del Distrito Nacional y se notifique a las supuestas víctimas, para que formulen su requerimiento en el plazo de 30 días a los fines de que presenten sus requerimientos conclusivos.
Aduce la instancia que vencido el plazo otorgado, si ninguno de ellos presentan requerimiento alguno, proceda el tribunal a declarar extinguida la acción penal sin dilación alguna.
Asimismo, destacan que de acogerse a dicha solicitud el tribunal proceda a ordenar el cese de la medida de coerción dictada en contra de su cliente, consistente en prisión preventiva, ordenando su inmediata puesta en libertad.
Igualmente, pidieron a la jueza imponer de manera personal a cada uno de los funcionarios que han participado en la dicha investigación el pago de una indemnización de 10 millones de pesos como justa reparación, por los daños ocasionados por su ilegal accionar en contra del imputado, tal como lo dispone el artículo 148 de la Constitución de la República, artículos 169 y 170 de la misma constitución y el artículo 257 del Código Procesal Penal.
En torno al caso también figuran como implicados Nelson Serret Sugranez, Jorge Serret Sugranez, Yesenia Serret Aponte, Pausides Morales, Nelson Cabral y el coronel Florentino de Jesús Acosta.
De acuerdo al Ministerio Público, el informe que remitió la Superintendencia de Bancos demuestra que el Banco Peravia no operaba de conformidad a las normas monetarias y financieras de la República Dominicana y que los imputados se asociaron para cometer los delitos referidos.
Señala que “las evidencias establecen que la quiebra del banco no se corresponde con negligencia de la administración financiera, sino que es evidente que se está ante un fraude de gran magnitud, planificado y ejecutado por los imputados objeto de la presente solicitud, así como por los imputados José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro¨ manifiesta la instancia.
Destaca que las maniobras consistían en operaciones fraudulentas en cuentas contable, tentativa de capitalización, fraude de más de 95% de las tarjetas de crédito, fraude de operaciones en efectivo, otorgamiento de créditos (sin garantías), actividades ilícitas del consejo directivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos de ahorrantes, robo de identidad, entre otras.
Sostiene que más del 80% de las operaciones eran simuladas. Se determinaron 1,292 créditos fraudulentos, que representan un monto de RD$1,419.71 millones de pesos, equivalente al 75.3% del total de la cartera de crédito a la fecha de la notificación de la disolución del Banco que ascendía a RD$1,881.03 millones de pesos¨ detalla la instancia.
