Los servicios de Competencia dieron el martes un serio toque de atención a los Ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián por limitar el alquiler de viviendas turísticas. Pero no solo los municipios españoles tratan de poner coto a Airbnb, Homeaway y plataformas similares. Hace tiempo que las grandes capitales del turismo se esfuerzan por controlar un fenómeno que sube precios y expulsa vecinos. Las diversas iniciativas legislativas han tenido, por ahora, un resultado desigual.
Registros obligatorios de viviendas para turistas; multas de hasta 500.000 si no se da de alta el piso; impuestos que gravan al visitante, tanto si duerme en un hotel o en Airbnb… Ciudades como París, Berlín o Nueva York avanzan, con matices y acentos propios, en la misma dirección. Además, 12 ciudades europeas (entre ellas, Madrid y Barcelona) lanzaron el 5 de julio una iniciativa ante la Comisión Europea para hacer valer su posición frente a las plataformas de alquiler vacacional.
París. El pulso entre París y las plataformas de alquiler de vivienda turística viene de lejos, y puede acabar en una larga batalla judicial. Tras Nueva York, la capital francesa es la ciudad más visitada por usuarios de Airbnb y la que tiene más oferta: más de 60.000 pisos solo en el París intramuros. De los 30 millones de viajeros que desde 2012 han usado esta web en Francia, ocho millones lo han hecho en la capital.
El problema: por su altísimo precio inmobiliario, el 60% de los residentes en París son inquilinos. La alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, estima que los pisos turísticos están afectando a la ya de por sí escasa oferta inmobiliaria, algo que Airbnb niega. Y por eso hace tiempo que trata de limitar su actividad. Según el Ayuntamiento, París ha perdido 20.000 viviendas de alquiler tradicional en estos cinco años, la mayor parte para apartamentos turísticos.
Desde el 1 de diciembre de 2017, es obligatorio registrar toda vivienda destinada a este negocio. La idea es controlar que ningún piso excede el límite de 120 noches por año establecido en 2014 para el alquiler temporal de viviendas principales. El Ayuntamiento ha lanzado este año advertencias al considerar que las plataformas, especialmente Airbnb, no cumplían este requisito, ya que hasta mayo solo se habían registrado 18.259 viviendas.
Finalmente, en abril anunció una demanda contra Airbnb, Wimdu y Paris Attitude por no cumplir las normas. El consistorio busca que se multe con 1.000 euros por día el retraso en retirar los anuncios que no respeten la normativa y otros 5.000 euros por infracción y por día si aparecen nuevos anuncios sin número de registro. Las plataformas respondieron en junio con dos cuestiones prioritarias de constitucionalidad ante el Tribunal de Gran Instancia de París.
Londres. El mercado de viviendas turísticas en Londres ha sido de los que más creció para Airbnb desde la desregularización del sector en 2015. La normativa aprobada entonces eliminó la exigencia de un permiso para cada estancia, si bien impuso un límite de 90 noches al año a los particulares que alquilen habitaciones o todo el inmueble.
Los propietarios de las viviendas pueden ingresar por alquilar hasta 7.500 libras (unos 8.300 euros) al año exentas de impuestos, aunque no todos se acogen a esa ventaja porque entonces no se les permitiría desgravar gastos. Una nueva legislación en trámite en el Parlamento —prevista para que entre en vigor en abril de 2019— añadirá otra exigencia a los que deseen esa exención fiscal: uno de los propietarios deberá residir también allí durante al menos una parte del periodo de alquiler a turistas. Las estimaciones del sector cifran en unos 20.000 el número de alquileres por semana, con signos de mengua en el centro de Londres, mientras se mantiene un fuerte crecimiento en los barrios periféricos.
Berlín. Desde el pasado 1 de agosto, los berlineses que ofrecen habitaciones y pisos por Airbnb están obligados a registrarse ante las autoridades y obtener un permiso que cuesta 225 euros. Con esta ley, se busca una visión completa de un negocio en el que regían medidas poco claras. La aprobación y el número de registro representan el primer obstáculo al que deberán hacer frente los propietarios. Quien alquile un piso y desee subarrendarlo necesitará, aparte del registro, el permiso del propietario. Una oferta sin numero de registro conlleva multas de hasta 500.000 euros.
Los que alquilen el 50% o más de la superficie total de su residencia principal durante un periodo corto deberán registrarse. Para la segunda vivienda también hará falta un permiso concedido por un máximo de 90 días al año. En cambio, el alquiler de una habitación en la casa principal propia todavía no requiere de un permiso si la superficie es inferior al 50% del total. La nueva reglamentación no parece preocupar a los que alquilan sus pisos o habitaciones. Hasta el lunes pasado, según la oficina del distrito Friedrichshain-Kreuzberg, donde Airbnb ofrece más de 300 alojamientos, solo se habían recibido 150 solicitudes de número de registro.
Roma. Italia aprobó en 2017 la introducción de la tasa Airbnb, un impuesto del 21% sobre los arrendamientos por periodos cortos, similar a la que se paga por los arrendamientos de larga duración desde 2011 y que ha conseguido reducir considerablemente la evasión fiscal. Desde el primer momento, Airbnb proclamó que no pagaría este canon y recurrió la medida ante la justicia; con escaso éxito por ahora.
A esto se añade otro impuesto sobre la estancia turística, regulado directamente por cada ciudad. En Roma es de 3,5 euros por día hasta un máximo de 10 días para los alquileres vacacionales. En Turín se pagan 2,3 euros al día, dos en Milán y uno en Florencia.
En ciudades como Roma, Florencia o Génova el anfitrión tiene que comunicar al Ayuntamiento que alquila su vivienda con fines turísticos, así como enviar la lista de huéspedes a los cuerpos de seguridad. Si el anfitrión no reside en la vivienda que alquila, necesitará una licencia específica y estará sometido a una serie de controles por entrar en la categoría de alojamiento extrahotelero. Para alquileres inferiores a 30 días, los particulares tienen que firmar un contrato escrito con los huéspedes y no pueden ofrecer servicios adicionales como comidas o limpieza. El proceso para alquilar con fines turísticos un espacio de la propia vivienda pasa por someterse a una burocracia compleja con autorizaciones y comunicaciones según diferentes leyes que en ocasiones se solapan, incluso en la misma región. En la propia página de Airbnb se aconseja a quienes quieran convertirse en anfitriones que se dirijan a un gestor que les pueda orientar y ayudar con los trámites.
Nueva York. Con San Francisco, son las dos grandes ciudades de EE UU con las regulaciones más severas contra Airbnb y otros servicios de alquiler temporal. El consejo municipal de Nueva York, el mayor mercado doméstico para Airbnb, aprobó en julio una ley que obliga a la compañía a facilitar mensualmente el nombre de sus usuarios, direcciones postales y detallar si subarriendan una habitación o apartamento entero. El objetivo es garantizar el cumplimiento de una ley estatal que prohíbe alquilar un apartamento menos de 30 días a no ser que el propietario resida allí mientras acoge huéspedes.
Se calcula que hasta la mitad de propiedades de Airbnb pueden quedar vetadas en Nueva York. Sería la misma proporción que se registró en San Francisco tras entrar en vigor en 2016 una ley que obliga a todos los que acogen a visitantes a obtener una licencia empresarial, y en general solo permite subalquilar la vivienda de residencia permanente. Airbnb, que nació hace 10 años en San Francisco, intentó frenar la ley en los tribunales, pero acabó llegando a un acuerdo con la ciudad, por el cual aceptó registrar todas sus viviendas en oferta.
Tanto en Nueva York como en San Francisco el objetivo de las autoridades es acotar el subalquiler de apartamentos a turistas durante pocos días porque consideran que afecta a los precios de los —ya elevados— alquileres convencionales. El debate también ha calado fuera de los Ayuntamientos. Una quincena de Estados norteamericanos debatieron este año leyes para regular servicios como el de Airbnb aunque por ahora solo una de las normas, de Indiana, ha acabado siendo aprobada. La ley permite que se cobren tasas e impuestos a los propietarios de espacios de Airbnb, pero prohíbe a las ciudades vetar los subalquileres del apartamento en el que vive regularmente el propietario.
Con información de Silvia Ayuso (París), Patricia Tubella (Londres), Enrique Müller (Berlín), Lorena Pacho (Roma) y Joan Faus (Washington).
