Arabia Saudita y sus aliados advirtieron que la legislación estadounidense que permite demandar al reino por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 tendrá repercusiones negativas.
El reino alberga un arsenal de herramientas con las cuales desquitarse, incluida la restricción de contactos oficiales, el retiro de miles de millones de dólares de la economía estadounidense, y persuadir a sus aliados cercanos en el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG) que reduzcan la cooperación anti terrorista, las inversiones y el acceso de Estados Unidos a importantes bases aéreas en la región.
Arabia Saudita ya había dado muestra en otras ocasiones de su poder de persuasión. Cuando el reino quiso presionar a Qatar para que limitara su apoyo al grupo Hermandad Musulmana en Egipto, encabezó un retiro sin precedente de embajadores árabes del Golfo Pérsico de Doha en 2014 y en esencia aisló dentro del CCEAG a la pequeña nación rica en gas.
Cuando la canciller sueca Margot Wallstrom criticó fuertemente el historial de Arabia Saudita en materia de respeto a los derechos humanos el año pasado, el reino desató una intensa ofensiva diplomática que sacudió la posición de Estocolmo en el mundo árabe y amenazó los intereses comerciales suecos en el Golfo Pérsico. A la larga Suecia se retractó.
El miércoles, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron a favor de anular el veto del presidente Barack Obama a una legislación sobre el 11 de septiembre de 2001.
Fue la primera vez en los ocho años de gestión de Obama que los legisladores de la cámara de Representantes se sumaron al rechazo del Senado para invalidar una negativa del jefe de Estado.
Una mayoría de legisladores, tanto demócratas como republicanos, consideran que hay pruebas de que altos funcionarios sauditas estuvieron implicados en la red de financiación de los ataques en los que murieron cerca de 3.000 personas.
Con esta invalidación, entra en vigor automáticamente la conocida «Ley de Justicia contra Promotores del Terrorismo», que permitiría a los familiares de víctimas del 11S interponer demandas en cortes de EE.UU. contra el reino saudita por su supuesto apoyo a los terroristas que perpetraron los atentados.
Frente a ello, la Casa Blanca argumenta que esta legislación pone en peligro las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita y sienta un peligroso precedente porque, con la excusa de la reciprocidad, podría invitar a otras naciones a demandar en cortes extranjeras a diplomáticos y militares estadounidenses.
Chas Freeman, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para asuntos de seguridad internacional y ex embajador ante Arabia Saudí dijo que los saudíes podrían responder en formas que ponen en riesgo intereses estratégicos estadounidenses, como la emisión de reglamentos permisivos para sobrevolar entre Europa y Asia y la base aérea de Qatar desde la que las operaciones militares de Estados Unidos en Afganistán, Irak y Siria son dirigidas y respaldadas.
«El empeoramiento de las relaciones y la restricción de contactos oficiales que esta legislación inevitablemente produciría también podría poner en riesgo la cooperación saudí contra el terrorismo anti estadounidense», agregó.
