El ex presidente derechista Sebastián Piñera es el favorito para ganar las elecciones de este domingo, aunque no podría evitar una segunda vuelta, según los sondeos y analistas, y convertirse en el sucesor de la socialista Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda.
Por eso, es necesario tener presentes los principales problemas a los que tendrá que hacer frente el elegido en las urnas a partir del próximo 11 de marzo, de entre los que destacan la reforma educativa, el conflicto mapuche, la reforma de sistemas de salud y pensiones, además del matrimonio igualitario y un litigio marítimo con Bolivia en La Haya.
Bachelet dejará avanzada gran parte de la ambiciosa reforma educativa que planteó al inicio de su gobierno y que al final de su mandato permitirá estudiar gratis en la Universidad a cerca de 280.000 jóvenes. Pero la ley que establece la gratuidad universal de forma permanente todavía se discute en el Congreso. Piñera anunció que en caso de ser elegido, mantendría la gratuidad para el 60% de los estudiantes con menos recursos, pero con condiciones.
También ha manifestado su intención de instaurar la posibilidad de que los padres aporten financieramente a la educación de sus hijos en escuelas que reciben fondos del Estado. Las agrupaciones estudiantiles, que por años reclamaron en la calle las reformas al sistema educativo, estiman que las modificaciones introducidas por Bachelet son insuficientes.
Cientos de camiones y maquinaria forestal han sido incendiados en los últimos años en el sur de Chile, donde también fueron atacados templos religiosos, en medio de un reclamo por la restitución de tierras que las comunidades indígenas mapuches consideran suyas por derechos ancestrales. El conflicto se concentra en las regiones sureñas de La Araucanía y Biobío, donde vive la mayoría de los 700.000 mapuches contabilizados sobre un total de 17 millones de habitantes del país, con niveles de pobreza que doblan a la del resto de la población.
Grupos radicales, como la Coordinadora Arauco Malleco, reivindican acciones de resistencia para la recuperación de tierras hoy en manos de empresas forestales. En el marco de estos ataques, decenas de mapuches han sido detenidos y juzgados por la ley antiterrorista, que endurece las penas, y por la que organizaciones como Amnistía Internacional han condenado al Estado chileno. La justicia no ha logrado acreditar que en la zona operen grupo terroristas.
Con un gasto en salud por familia del 32%, superior a la media de los países de la OCDE (20%), Chile es uno de los países más caros en atención médica. El 80% de la población recurre al sistema público, criticado por las largas listas de espera y la falta de médicos, en particular en las zonas alejadas del país. El 20% de la población cuenta con planes privados.
En pleno debate sobre su reforma, se halla el sistema de pensiones heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, pionero en instalar un sistema de capitalización absolutamente individual que hoy -casi cuatro décadas después de su creación- entrega pensiones bajísimas para los jubilados. Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley que por primera vez introduce un aporte, del 5%, para las empresas. Por esta vía, se busca mejorar en un 20% el monto de las pensiones, que actualmente se sitúan de promedio en los 241.000 pesos (unos 380 dólares).
Tras aprobar la ley del aborto terapéutico, y la aprobación de un Acuerdo de Unión Civil para las personas del mismo sexo, Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley para establecer el matrimonio igualitario, con la posibilidad de adopción, al que Piñera ya le ha cerrado la puerta ante la fuerte oposición de los sectores conservadores.
Chile no logra resolver una disputa marítima con Bolivia, que perdió su acceso al mar en una guerra a fines del siglo XIX. El próximo mandatario chileno enfrentará el fin de la fase oral de la demanda que presentó Bolivia en contra de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que debería emitir su veredicto antes de 2020. Chile también presentó una demanda contra Bolivia ante la Corte de La Haya por el uso de las aguas del río Silala en el norte minero del país.
