Una ola de vandalismo en el estado de Ceará, por la que hasta ayer han sido detenidas unas cien personas, supone la primera prueba para las políticas de seguridad del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha prometido una lucha sin cuartel contra el crimen.
Los ataques, en su mayoría incendiarios, comenzaron la noche del pasado miércoles y el viernes llevaron al ultraderechista Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército que asumió el poder este 1 de enero, a enviar hacia esa región del noreste del país a unos 300 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad.
Las tropas federales han sido desplazadas sobre todo en la ciudad de Fortaleza, la capital regional y uno de los principales puntos de turismo en el noreste brasileño, que está en alta temporada en ese balneario de playas y aguas cristalinas.
Las autoridades sospechan que los atentados han sido ordenados desde el interior de las prisiones, que en Ceará como en buena parte del país están virtualmente controladas por bandas del crimen que disputan territorios para la venta de drogas u otros delitos.
Esa presunción responde a que los ataques comenzaron después de que el Gobierno regional anunció medidas que apuntan a endurecer los controles en los presidios y ponerle coto a las actividades ilegales que dirigen los jefes de esas bandas desde el interior de las cárceles.
Según la Policía Civil de Ceará, el número de detenidos en los últimos días llegó en la mañana de hoy a 103 y los atentados, en su mayoría incendiarios y contra autobuses de transporte público y estacionamientos, sumaban 90 desde que comenzó la ola de violencia.
