La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión Europea que promueva el enjuiciamiento el dictador venezolano Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). Según se discutió este lunes, esta iniciativa responde a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, intensificadas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, según informó el Parlamento Europeo.
En el debate, la presidenta de la comisión parlamentaria, Dolors Montserrat, urgió a la Comisión Europea a actuar en cumplimiento del mandato del Parlamento Europeo, señalando que “un dictador como Maduro debe ser enjuiciado” y que esta acción es clave “en defensa de los derechos y libertades del pueblo venezolano”. Además, exigió información actualizada sobre la situación en Venezuela, subrayando la obligación de la UE de velar por los Derechos Humanos y aplicar la resolución adoptada por la Eurocámara en septiembre.
Dolors Montserrat (Alberto Ruiz – Europa Press)
La petición ciudadana presentada por opositores venezolanos, apoyada por la Comisión de Peticiones, solicita a la UE que inste al fiscal del CPI a informar sobre el estado de las investigaciones y ordene urgentemente la detención de Maduro. Este llamado se fundamenta en los crímenes de lesa humanidad cometidos en 2014, 2017 y 2024, y en el acuerdo de cooperación firmado en 2006 entre la UE y el Tribunal Penal Internacional, el cual obliga a la UE a colaborar con el CPI en su función sancionadora y preventiva.
En este contexto, representantes políticos europeos expresaron diversas posturas.
Alma Ezcurra, del PP, enfatizó la “obligación moral” de la Eurocámara de mantener presión sobre el régimen de Maduro y afirmó que la UE debe “ir más allá” de expresar preocupación. Recalcó que esta es una batalla constante: “Para que el mal triunfe, solo basta con que los buenos no hagan nada”.
Desde el PSOE, Sandra Gómez mostró escepticismo al argumentar que la detención de Maduro excede las competencias de la Comisión de Peticiones, recordando que el Parlamento ya abordó el tema en septiembre.
Por parte de Vox, Jorge Buxadé defendió que la Comisión de Peticiones tiene plena autoridad para actuar tras las denuncias de la Eurocámara sobre la crisis en Venezuela. Además, criticó la supuesta inacción del Fiscal del CPI y acusó de “complicidad” al organismo con el régimen venezolano.
Finalmente, una representante del Servicio de Acción Exterior de la UE reiteró que no se reconocerá a Maduro como presidente electo sin resultados verificables. Apoyó las investigaciones del CPI sobre Venezuela, pero recordó que solo los Estados miembros pueden remitir casos al Tribunal y solicitar órdenes de detención. Nicolás Maduro, de momento, sigue bajo la lupa internacional por los crímenes que se le imputan.
Familiares de los detenidos durante la represión gubernamental a las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales, participan en una vigilia en Caracas, Venezuela, el 8 de agosto de 2024. El cartel dice «Liberen a todos los presos políticos» (AP Foto/Matías Delacroix)
CPI analiza nuevas denuncias de crímenes en Venezuela
En septiembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reiteró su compromiso de analizar “de manera independiente e imparcial” las denuncias relacionadas con los crímenes ocurridos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En un comunicado enviado a la prensa, la oficina liderada por el Fiscal Jefe, Karim Khan, destacó que no detendrá sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas.
“La Oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela, ya sea mediante su propia investigación o mediante esfuerzos genuinos y reales en Venezuela”, señaló la Fiscalía de la CPI.
La investigación sobre la situación en Venezuela se retomó en junio de 2023, luego de un litigio entre la CPI y el régimen de Nicolás Maduro. Este último argumentaba la competencia exclusiva del país de acuerdo con el Estatuto de Roma. En referencia a los procedimientos legales, la Fiscalía subrayó que la composición del equipo legal que representó a Venezuela durante esos litigios fue pública y que “ninguna de las partes en los procedimientos planteó objeciones en ese momento”.
