El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dio un espaldarazo al editorial publicado en la edición de ayer del periódico LISTÍN DIARIO, a través del cual se advierte que las leyes elementales o fundamentales de República Dominicana no se hacen efectivas, incluyendo las que castigan la corrupción administrativa, las que regulan el tránsito y la migración, la venalidad de magistrados y fiscales o el tráfico de influencias, así como las evasiones fiscales, los contrabandos y otros tráficos ilícitos.
En una misiva enviada el director del diario, Miguel Franjul, el experto en derecho manifiesta que pocos documentos recientes han esbozado de forma tan precisa y contundente, los elementos que configuran una verdadera crisis institucional, cuya gravedad ha planteado la Finjus en diferentes ocasiones.
“Si la Constitución y las leyes que legítimamente hemos adoptado no son cumplidas y las autoridades responsables no las hacen cumplir, el caos puede sobrevenir con graves consecuencias para la paz, el desarrollo económico y social y la seguridad jurídica”, precisó el ejecutivo de la entidad.
Castaños Guzmán manifestó que luego de leer detenidamente el editorial de ayer titulado “Las leyes del país, rumbo al colapso”, pudo constactar que contiene un diagnóstico rápido de la realidad institucional de la nación.
Manifestó que un ejemplo dramático de esa situación lo constituye la crisis actual del sistema de justicia, que de acuerdo a la carta, se ha originado en gran medida por la inobservancia de varias leyes fundamentales, como es el caso de la Ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Desbordadas
Estimó que esto ha dado lugar a que ambas instituciones estén superadas por la falta de recursos para enfrentar el crecimiento del crimen organizado.
“A esa crisis contribuye asimismo la falta de un régimen de consecuencias, lo que implica que quienes burlan la ley en cualquier ámbito cuentan con la dejadez e indiferencia de quienes están obligados a investigarlos, procesarlos y sancionarlos en los tribunales y órganos correspondientes”, aseguró.
