La situación de tensa incertidumbre a que se vio sometida la sociedad dominicana durante los últimos meses es una experiencia lamentablemente recurrente: es un capítulo más de los periódicos eventos de crisis políticas ocasionadas por el tema de la reelección presidencial, con su lastre de perniciosas consecuencias. A lo largo de 175 años de historia republicana no hemos sido capaces de llevar a cabo un debate de gran calado, encaminado a diseñar mecanismos efectivos y funcionales tendentes a establecer dificultades extremas, por no decir imposibles, a la reforma constitucional, para favorecer con la reelección a un gobernante en ejercicio.
Lo más lejos que hemos llegado, en los momentos más exitosos, es al establecimiento de cláusulas de mera prohibición de la reelección, que casi ningún gobernante ha observado.
En otras palabras, la realidad, siempre tozuda, se ha encargado de demostrar que, la simple prohibición no es suficiente.
Los eventos políticos más traumáticos de nuestra historia, los responsables de casi todos los quiebres institucionales que ha padecido el país en los peores eventos de luchas intestinas, guerras civiles, golpes de estado y fracaso del Estado de derecho, han tenido en la reelección presidencial el mecanismo por excelencia, ya sea para prolongación del período de gobierno, para garantizar la permanencia indefinida en el poder a decenas de gobernantes, o una combinación de ambas.
Es por ello necesario considerar que, es momento de abrir una ventana a la posibilidad de empujar en la dirección de un gran “Pacto Político y Social por la Estabilidad de la Constitución, la Unificación de las Elecciones y el Fortalecimiento Institucional”. Debemos ser capaces, entre todos, de lograr los acuerdos necesarios para dejar un legado del que se beneficiarán las actuales y futuras generaciones políticas.
Ahora, tras el discurso pronunciado recientemente por el presidente Medina, en el que expuso que no optará a la reelección en las elecciones de 2020, es momento de empezar ese debate, no dentro de cuatro o seis años, al calor de un nuevo evento de crisis. Sea en ocasión de una reforma constitucional expresa y exclusivamente orientada a dificultar la reforma cuando la misma tenga por objeto facilitar la reelección presidencial, o en el marco de un necesario proceso de reformas de mayor calado, no debemos permitirnos que este tema nos sorprenda de nuevo sin haber tomado las previsiones de lugar para conjurarlo.
Establecer en la Constitución disposiciones precisas y efectivas para imposibilitar su reforma, con la finalidad de beneficiar con la reelección a un Presidente en ejercicio, constituye quizá el logro institucional más relevante desde la transición democrática iniciada hace 41 años.
Considero que, técnicamente, el modelo de reelección presidencial consagrado en el artículo 124 de la Constitución vigente es el que mejor se adecúa a las exigencias democráticas de alternancia en el gobierno, pluralismo político, renovación del liderazgo y circulación de las élites políticas.
Para preservarlo, sugiero incorporar cuatro elementos a un eventual proceso de reformas: En primer lugar, establecer una cláusula que de manera explícita prohíba a un gobernante en ejercicio beneficiarse de una reforma constitucional para reelegirse en el cargo.
En segundo lugar, incrementar la regla de mayoría en dos aspectos claves del proceso de reforma, cuando su objeto sea la reelección presidencial: a) Convertir en orgánica la Ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, con lo cual la mayoría para su aprobación pasa, de mayoría absoluta de mitad más uno, a mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes en una y otra Cámara; y b) incrementar a dos terceras partes (incluso a tres cuartas partes) de la matrícula de la Asamblea Nacional Revisora el régimen de mayoría, para que este órgano pueda modificar el actual modelo de reelección presidencial.
Tercero, incorporar la reelección presidencial como uno de los temas cuya reforma debe ser sometida a un referendo aprobatorio y; por último, la necesidad de, al menos, la mitad más uno de votos en un referéndum para la aprobación de la reforma del sistema de reelección.
Finalmente, sugiero elevar el umbral de participación ciudadana para la validez del referendo convocado a los indicados efectos: de una tercera parte como actualmente dispone la Constitución, a dos tercios de los integrantes del Registro Electoral.
Considero además que, debemos abocarnos a un proceso para unificar las elecciones municipales, presidenciales y legislativas para las elecciones del 2020. En las actuales circunstancias, a los riesgos de sobresaturación del calendario electoral se suman: un considerable aumento del costo e intensificación del uso de dinero sucio, mayores probabilidades de violencia en el proceso, colapso de las instancias de resolución de disputas (Juntas Municipales y TSE).
Si logramos entre todos alcanzar estas reformas, despejaremos uno de los elementos más comunes que perturban nuestra política.
Al mismo tiempo, contribuiremos a la renovación gradual del liderazgo, circulación de las élites políticas, alternancia sin accidentes en el ejercicio del poder y robustecimiento del pluralismo político.
