Dejan el poder, pierden los privilegios, y los jueces comienzan a hurgar en sus cuentas y las de sus funcionarios. Ocho ex presidentes de la región están siendo investigados por la Justicia porcorrupción.
Luiz Inácio Lula da Silva fue presidente de Brasil desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2010. El carismático líder del Partido de los Trabajadores (PT) es noticia casi todos los días por estar acusado formalmente en el escándalo de corrupción conocido como «Petrolao» o «Lava jato».
El pasado 4 de marzo, Lula fue arrestado por unas horas y una de sus propiedades fue allanada en la causa que investiga desde hace varios meses sobornos a funcionarios de parte de las principales constructoras del país para conseguir contratos con la petrolera Petrobras. Se sospecha que un departamento que Lula utilizó en el balneario paulista de Guarujá fue pagado por la constructora OAS.
En medio del escándalo, el 16 de marzo la presidente Dilma Rousseff lo nombró Ministro de la Casa Civil, cargo equivalente al de jefe de Gabinete. Ese nombramiento despertó todo tipo depolémicas en el país y los investigadores creen que se trató de una estrategia para evitar que Lula llegue a la cárcel. Aunque el nombramiento fue suspendido por la Justicia.
Según las investigaciones, Lula habría recibido alrededor de 8 millones de dólares entre pagos por conferencias, viajes y regalos. Es por esa razón que la justicia también allanó elInstituto Lula.
Cristina Kirchner (Argentina)
La ex mandataria argentina (2007-2015) fue imputada en febrero por el juez Claudio Bonadio por un caso que estalló en las últimas semanas de la campaña electoral: la llamada «venta de dólar futuro».
El magistrado acusó a Kirchner de «defraudación contra la administración pública» por haber perjudicado de forma deliberada al Estado. La ex mandataria fue llamada a indagatoria para el 13 de abril, en la que sería sólo la primera de una serie de causas que podrían llevar a la ex presidente a los Tribunales.
Esta semana, fue detenido el empresario Lázaro Báez, socio y amigo íntimo de los ex presidentes Néstor y Kirchner y su hijo Máximo. Báez, un ex empleado bancario que se hizo multimillonario durante los años kirchneristas, está acusado de montar un fabuloso esquema de lavado de dinero. Según las investigaciones periodísticas, se trataría de un testaferro de los Kirchner.
En julio del año pasado, el juez Bonadio había sido apartado de la causa Hotesur apenas días después de ordenar el allanamiento de los hoteles de la familia de la por entonces jefa de Estado.
Pero este lunes 4 de abril se conoció que el propio juez Bonadio investigará a Cristina Kirchner enotra causa por lavado de dinero tras recibir la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer por la firma hotelera «Los Sauces», también propiedad de la familia Kirchner.
El magistrado quedó a cargo de la causa 3732/2016 por los delitos de falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito contra la ex presidente y sus hijos Máximo, diputado nacional, y Florencia.
Rafael Callejas (Honduras)
El cuadragésimo noveno presidente constitucional de Honduras (1990-1994) y máximo dirigente de fútbol de ese país entre 2002 y 2015 se declaró culpable de varios delitos en el marco de las investigaciones sobre la corrupción dentro de la FIFA.
Callejas reconoció haber cometido actos de corrupción durante el tiempo que fue titular de laFederación de Fútbol de Honduras pero también fue señalado por manejos turbios en elperíodo en que fue presidente de su país.
Tras dejar la Presidencia, Callejas fue acusado en siete casos de abuso de poder ymalversación de fondos públicos. En 2005, el Congreso retiró la ley mediante la cual los ex presidentes gozaban de inmunidad. Apenas resolvió eso el Legislativo, el ex mandatario se presentó voluntariamente a los juzgados para proceder con sus juicios. Luego fue encontrado inocente por el Poder Judicial. Sin embargo, su causa por corrupción en el fútbol sigue abierta.
Otto Pérez Molina (Guatemala)
El general retirado del Ejército guatemalteco fue presidente de su país desde el 14 de enero de 2012 hasta el 2 de septiembre de 2015.
Pocos días antes de su renuncia, el 21 de agosto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público enviaron una orden de captura contra su ex vicepresidente,Roxana Baldetti, y una solicitud de antejuicio contra el por entonces mandatario.
El ex jefe de Estado está desde septiembre en prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. El Ministerio Público lo acusa de ser el líder del «Caso La Línea», una trama corrupta que defraudó al Estado en más de 3,5 millones de dólares a través de la entrada de mercancías en las aduanas.
Aunque la defensa de Pérez Molina, encabezada por el abogado César Calderón, apeló a tratados internacionales de Derechos Humanos y alegó que se violenta la presunción de inocencia al dejar en prisión al ex mandatario, el juez de la causa consideró que existe el riesgo de que el ex presidente influya de forma negativa en el proceso de investigación.
Elías Antonio Saca (El Salvador)
El periodista y empresario salvadoreño gobernó el país desde 2004 a 2009 y está siendo investigado por distintos escándalos de malversación de fondos públicos.
Uno de los casos es el del entonces bulevar Diego de Holguín, rebautizado bulevar Monseñor Romero, donde se encontraron más de 10 delitos aplicables a la pérdida de más de 11 millones de dólares en la gestión Saca. Los delitos que se investigan son lavado de dinero y de activos, falsedad material, falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos, encubrimiento, incumplimiento de deberes, malversación, tráfico de influencias, depredación de bosques y evasión de impuestos.
La Corte Suprema le notificó a Saca que debe responder por más de USD 6 millones. Los reportes financieros del ex jefe de Estado muestran ganancias personales por más de USD 13 millones durante su mandato presidencial, que Saca declaró como «otras actividades e inversiones».
Un cable de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador filtrado por WikiLeaks afirmaba que la corrupción en el gobierno de Saca «se había pasado de los límites».
Mauricio Funes (El Salvador)
Saca no es el único ex mandatario de El Salvador involucrado en escándalos de corrupción. También su sucesor, Mauricio Funes, quien presidió la nación centroamericana entre 2009 y 2014, está bajo la lupa judicial.
Un artículo publicado el 15 de febrero pasado por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (InSight Crime) reveló que Funes podría enfrentar tres investigaciones diferentessobre sus activos, lo cual incluye un caso de lavado de dinero.
Funes ya está involucrado en un caso de enriquecimiento ilícito y se le congelaron algunos activos, incluyendo cuatro cuentas bancarias.
Las acusaciones contra el ex presidente se basan en su incapacidad para responder por millones de dólares en ingresos personales y activos. Funes ha sostenido que es inocente y afirmó que está siendo hostigado por sus rivales políticos.
Alan García (Perú)
Fue el presidente de los peruanos en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. A lo largo de sus gestiones, se vio involucrado en escándalos de corrupción que todavía están siendo investigados en la Justicia.
Uno de ellos es el conocido bajo el nombre de «Petroaudios»: la empresa Discover Petroleum International ganó la explotación de cinco lotes petroleros de manera irregular en 2008, tal como se reveló a través de unos audios donde se escuchaba a Rómulo León informar a Alberto Químper, ex director de Perú-Petro, que Discover estaba dispuesto a pagarle una suma de dinero mensual para ayudarla a ganar los contratos.
León y Químper estuvieron presos tres años. El primero recuperó su libertad por exceder el plazo para que se emita sentencia, mientras que el segundo fue excluido del proceso al prescribir los delitos que le imputaron.
Durante las investigaciones, Alan García dijo desconocer las negociaciones con Discover Petroleum. Esta afirmación fue desmentida por Rómulo León, quien aseguró que el líder aprista si estaba al tanto.
Otro hecho de corrupción bajo la gestión del mandatario está vinculado al Metro de Lima. La empresa Odebrecht, investigada en el Lava Jato brasileño, lideró el consorcio que se encargó del tren eléctrico en Perú, una de las obras principales de la gestión de Alan García.
García aprobó un sistema legal excepcional que le permitió a Odebrecht y su socia Graña y Montero incrementar en más de 400 millones de dólares el costo de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del tren.
El gobernante peruano entre 2001 y 2006 es investigado por el delito de lavados de activos a raíz de las millonarias compras inmobiliarias que realizó su suegra, Eva Fernenbug. La madre de su esposa adquirió una propiedad valuada en 3,8 millones de dólares y una oficina de 882.000 dólares con dinero de dudosa procedencia.
La Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó que hay indicios suficientes para creer que Toledo estaba detrás de esas adquisiciones, a través de la empresa Ecoteva, constituida por la misma Fernenbug.
Pero eso no es todo. En Brasil, la Policía de San Pablo incautó documentos a la empresa brasileña Camargo Correa, también señalada en el escándalo de corrupción en Petrobras, que revelan pagos de sobornos a funcionarios peruanos.
Camargo Correa fue una de las encargadas de la construcción de la Carretera Interoceánica, que une Perú y Brasil. Los presuntos pagos irregulares a funcionarios peruanos se habrían dado entre el 2005 y el 2008. Ese periodo corresponde al tramo final del gobierno de Alejandro Toledo y al inicio del segundo mandato de Alan García.
En tanto, la empresa brasileña Odebrecht se adjudicó en Perú grandes y polémicas construcciones durante el gobierno de Toledo. Una de ellas fue el Proyecto Olmos.
Odebrecht quedó como único oferente en el concurso internacional para la concesión de la primera parte del Proyecto Olmos, que costaría 257 millones de dólares. El proyecto tuvo varias demoras pero no fue sancionado. Además, investigaciones periodísticas alertaron que funcionarios públicos habrían favorecido a la empresa en desmedro de los intereses del Estado peruano.
Aunque hubo muchos ex presidentes investigados en las últimas décadas, muy pocos han sido condenados y encarcelados, como el peruano Alberto Fujimori o el nicaragüense Arnoldo Alemán. A este último, sin embargo, se le otorgó un régimen de libertad ambulatoria dentro de los límites de la capital de Nicaragua hasta que fue sobreseído finalmente en 2009 por la Corte Suprema de su país.
