Previo a la pandemia ocasionada por el coronavirus causante de la enfermedad Covid-19, el porcentaje de compras y contrataciones públicas efectuadas en República Dominicana bajo el esquema de emergencia era mínimo.
De acuerdo a los registros de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), los contratos adjudicados en esa modalidad representaban menos de un 3.1% del total adjudicado.
Sin embargo, a partir del 26 de febrero del 2020, cuando el entonces presidente de la República, Danilo Medina, declaró de emergencia las compras y contrataciones de bienes y servicios públicos para enfrentar la pandemia, la cantidad de contratos asociados al estado de emergencia ha crecido significativamente.
Conforme a los datos disponibles en la Memoria Institucional de la DGCP del 2020, al cierre del tercer trimestre de ese año los contratos adjudicados bajo la modalidad de emergencia representaban el 20.9% del total y se estimaba que al finalizar el año llegarían a representar más del 25%.
Para ese entonces habían sido efectuados 181 contratos en ese esquema por un monto de RD$18,050 millones.
Contratos activos en la actualidad
Al nueve de junio de este 2021 la DGCP tenía registrados 726 contratos activos vinculados al estado de emergencia por un monto de RD$8,860 millones.
Además hasta esa fecha existían 384 contratos pendientes por un monto de RD$791 millones; 1,106 contratos terminados que implicaban RD$ 6,571 millones; y 426 que habían sido cancelados por un valor de RD$ 9,267 millones.
Instituciones autorizadas
Durante la gestión de Medina había nueve instituciones autorizadas a efectuar compras y contrataciones de emergencia, pero el actual Gobierno, presidido por Luis Abinader, las redujo a cuatro. Estas son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; el Servicio Nacional de Salud (SNS); el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promesecal); y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
En la página web de la DGCP aparecen procesos y contratos de otras instituciones asociados al estado de emergencia, pero muchos se catalogan como compras menores o por debajo del umbral.
La mayoría son para la adquisición de mascarillas, gel antibacterial, alcohol isopropílico y otros productos para distribuirlos entre los empleados con la finalidad de prevenir la propagación de la Covid-19.
Los procesos son más expeditos
Los procesos de compras y contrataciones públicas que se efectúan de emergencia son más simples. Debido a la rapidez con que se realizan se obvian algunos requerimientos y no tienen someterse a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Durante la pasada gestión gubernamental se generaron varios escándalos debido a irregularidades detectadas en licitaciones de esta categoría efectuadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Esto provocó la destitución de varios funcionarios y obligó al Gobierno a crear una comisión de veeduría para vigilar los procesos. También se hizo una guía que especifica cómo deben ser los procedimientos, entre otras medidas orientadas a transparentar las compras y contrataciones de emergencia.
Más de un año en estado de emergencia
El primer estado de emergencia se estableció en el país a mediados de marzo del 2020, hace ya un año y casi tres meses. Desde entonces el Gobierno se ha mantenido reanudándolo. El más reciente lo dispuso Abinader a partir del 30 de mayo por un período de 45 días.
