El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluye su mandato en México con la denuncia de que los obstáculos a su trabajo bloquearon la posibilidad de cumplir con su tarea central: ubicar el paradero de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Este domingo se presentó el informe final de los expertos designados por laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento se presenta en medio de una polémica por la decisión del gobierno mexicano de no prorrogar la estancia del grupo, que abandonará el país el 30 de abril.
Fue una decisión «lamentable», dijo el comisionado presidente de la CIDH, James Cavallaro, porque los objetivos del GIEI no están cumplidos.
«Deseo exhortar a las autoridades mexicanas en todos sus niveles, incluyendo al señor Enrique Peña Nieto, a continuar trabajando en la búsqueda del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos», dijo en la presentación del informe.
El sábado Cavallaro se iba a reunir con funcionarios mexicanos para analizar una última posibilidad de extender el mandato del GIEI.
La cita no se concretó. El gobierno tampoco envió a ningún representante a recibir el informe de los expertos.
Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto anunció con mensajes de Twitter que la PGR «analizará el informe completo, para enriquecer su investigación sobre los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014».
La dependencia, añadió, «seguirá trabajando para que haya justicia».
Además el subprocurador de Derechos Humanos de la fiscalía, Eber Betanzos, dijo que las peticiones de los expertos han sido desahogadas «en 85%». Los miembros del grupo dijeron en su informe que sólo la mitad de sus solicitudes había sido atendida.
«El Estado mexicano ha brindado al GIEI en todo momento las facilidades que requirieron para su trabajo», afirmó Betanzos.
Por lo pronto en las conclusiones del informe Alejandro Valencia, uno de los integrantes del GIEI, resumió lo ocurrido en los últimos meses:
«Hay sectores que se han sentido amenazados por la asistencia técnica internacional que ponía en duda el manejo gubernamental del caso»
Los obstáculos
En su informe el GIEI detalla el bloqueo a su la investigación, que se agudizaron a partir de enero de 2016 cuando empezó «un grado mayor de obstrucción» para el trabajo de los expertos.
«Se alentó la realización de diligencias, la respuesta a las peticiones, las tomas de declaraciones», señala el documento.
«Se mostró escaso interés en que las nuevas líneas de investigación se adelantaran como se venía haciendo».
Este comportamiento se presentó sobre todo en las propuestas de investigar otras pistas diferentes a la «verdad histórica» de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR):
Que los 43 estudiantes desaparecidos fueron cremados en el basurero municipal del municipio vecino de Cocula.
«Se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario», insiste el informe.
Uno de los obstáculos es la decisión de fragmentar la investigación en varios expedientes, a pesar del acuerdo de que el caso se concentraría en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
Diligencias secretas
También existen peritajes y diligencias realizadas por la fiscalía que no se incorporan en el expediente, o se llevan a cabo sin la participación de los expertos.
Entre los casos más graves los expertos señalan el hallazgo en el Río San Juan de bolsas con ceniza que presuntamente pertenece a los estudiantes.
En una de estas bolsas se encontró un fragmento de hueso que permitió identificar al estudiante Alexander Mora.
El GIEI presentó un video donde personal de la PGR impide el paso del Equipo Argentino de Antropología Forense, mientras que peritos de la fiscalía recogen evidencias «en secreto».
Esto ocurrió el 28 de octubre de 2014, un día antes del hallazgo oficial de los restos del estudiante.
Ese mismo día el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Tomás Zerón, se presentó en el lugar con uno de los presuntos responsables del crimen.
Allí recogieron un fragmento de hueso, según evidencias periodísticas. Este hecho y el trabajo de los peritos en esa jornada no se incorporaron al expediente del caso.
Pero además, los expertos del GIEI advierten que las autoridades mexicanas se resisten a investigar a funcionarios de alto nivel, especialmente del Ejército.
La investigación oficial se concentra en los presuntos autores materiales, como policías o delincuentes.
El funcionario de más alto rango enjuiciado es el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Lo que sostiene el informe
En su informe los expertos insisten en que no existe «una sola evidencia» de que los 43 estudiantes fueron cremados en el basurero del municipio de Cocula.
La tesis es avalada por el peritaje final del EAAF, que se publicó completo hace unos días.
El documento señala que en el basurero encontraron indicios de grandes incendios ocurridos al menos desde 2010.
También rastros de que allí fueron cremadas 17 personas, pero no existe ninguna evidencia que las vincule con los estudiantes.
El informe del GIEI insiste además en la necesidad de que se investigue el paradero de un quinto autobús, utilizado por los jóvenes la noche del 26 y 27 de septiembre.
La existencia del vehículo fue señalada por los sobrevivientes al ataque, pero la PGR no lo incluyó en el expediente hasta casi un año después del hecho.
Una de las teorías es que en el autobús pudo existir algún cargamento ilegal –algunos hablan de droga- que pertenecía a quienes atacaron a los estudiantes.
Las autoridades presentaron una unidad pero los expertos insisten en que no hay evidencias de que se trate del mismo que estuvo la madrugada del 27 de septiembre.
«La línea del quinto bus no está cerrada, ni puede estar cerrada», señaló la abogada Ángela Buitrago, integrante del GIEI, en la presentación del informe.
Nuevos datos
En la segunda etapa de su investigación los expertos de la CIDH encontraron contradicciones entre los dichos de quienes están acusados de asesinar a los estudiantes.
Señala, además, que el 70% de los detenidos fueron torturados para obtener sus declaraciones.
Uno de los elementos que aporta el nuevo informe es el uso de los teléfonos móviles de los estudiantes.
Uno de los jóvenes, por ejemplo, envió un mensaje a su madre para pedirle una recarga de crédito en su aparato y poder seguir utilizándolo.
El mensaje fue enviado a la 1:16 de la madrugada del 27 de septiembre, una hora después que según la versión oficial habían sido asesinados en el basurero de Cocula.
Además, varios de los aparatos siguieron en uso días después del ataque, a pesar de que la versión oficial indica que fueron destruidos o quemados.
En el informe se muestra la conversación, esa noche, de siete policías de Iguala con una persona identificada como miembro de la banda Guerreros Unidos.
La PGR responsabiliza a este grupo de la desaparición de estudiantes.
En la zona de Iguala existen además varias antenas que proveen el servicio de telefonía celular, que permitirían ubicar el paradero exacto de cada teléfono la noche del crimen.
Esta información, señala el GIEI, debe ser profundizada en la siguiente etapa de la investigación.
El inusual retén
Entre los nuevos hallazgos los expertos señalan que la noche del 26 al 27 de septiembre se estableció un retén o puesto de control de policías en la carretera que comunica Iguala con el municipio de Mezcala.
Este puesto de control no había aparecido en las investigaciones, y en él participaron policías estatales y municipales.
Para el GIEI el retén comprueba que la zona donde ocurrieron los hechos es mayor a la que inicialmente se había establecidos, es decir, los municipios de Iguala y Cocula.
«Los grupos de crimen organizado establecieron un control territorial permanente en al menos 80 kilómetros a la redonda», dijo la abogada Buitrago. El objetivo era, al parecer, impedir la salida del quinto autobús del que se desconoce su paradero real.
Pero además es una evidencia de que la noche del 26 de septiembre existió una amplia y coordinada operación contra los estudiantes, en la que participaron autoridades y grupos de delincuentes.
Otros policías
Un elemento adicional que se encontró es la participación de policías del municipio vecino de Huitzuco, así como de al menos dos elementos de la Policía Federal.
Los agentes municipales se llevaron a un grupo de estudiantes desde las afueras de Iguala, frente al Palacio de Justicia, hacia el municipio aledaño, según testimonios recabados en las pesquisas
Allí, un personaje identificado como «el jefe» (de quien se desconoce su identidad) definiría el destino de los estudiantes.
A ese lugar llegaron los policías federales, quienes nada hicieron para impedir el secuestro de los jóvenes.
El momento, además, fue vigilado de cerca por un oficial de inteligencia del Ejército, quien incluso tomó varias fotografías del momento.
El militar no ha sido interrogado, ni tampoco se conocen las imágenes que obtuvo, aunque existe una de éstas que no fue incorporada al expediente.
Se trata de una fotografía en formato Power Point. Los expertos se preguntan a quién o quiénes presentó el documento con esa imagen.
Los elementos del 27 Batallón de Infantería no pudieron ser entrevistados por elGIEI, a pesar de que lo solicitó durante varios meses.
Esta diligencia, que los expertos consideran una de las más importantes para conocer el destino de los estudiantes, no pudo ser desahogada por el GIEI.
