Cuando hablamos de confianza, hablamos de esa expectativa que se tiene de que una persona o grupo será capaz y actuará de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos.
Sin embargo, cuando la trasladamos al sistema político, la realidad lacera una y otra vez esas expectativas que tienen los ciudadanos sobre estos actores, manifestada, entre otras cosas, a través del voto. Esto no es exclusivo de nuestro país, sino una tendencia global que va dejando entrever el desgaste de los partidos tradicionales que hoy están muy asociados a corrupción, capitalismo aplastante, agendas poco inclusivas y muchas promesas incumplidas, lo que a su vez repercute en desconfianza y malestar en los sistemas democráticos.
Precisamente este último síntoma puede apreciarse en los resultados del barómetro de confianza de Edelman de este año 2022, donde puede apreciarse cómo la desconfianza arropa a países con sistemas democráticos.
En un ensayo del catedrático francés Pierre Rosanvallon sobre Democracia en el Siglo XXI, muy vigente aún en estos días, hace hincapié en lo que para él es una de las causas de la desafección democrática y centro del problema: el declive del desempeño democrático de las elecciones. Describe que “las elecciones tienen hoy menor capacidad de representación por razones institucionales y sociológicas. Desde una perspectiva institucional, la creciente centralidad del Poder Ejecutivo ha modificado la noción de representación.”
Sin dudas, la desconfianza cala y lo hace a niveles muy profundos; no solo en los gobiernos, sino en la relación interpersonal. Preocupa que, la confianza a nivel mundial, el porcentaje de personas que creen que se puede confiar en la mayoría de la gente (confianza generalizada o “interpersonal”) bajó del 38% en el período 1981–1985 al 26% en 2016–2020, según datos de la Encuesta Mundial de Valores. Esto para América Latina y El Caribe no es diferente, ya que en este mismo estudio se cita que la reducción ha sido aún más drástica, pasando los niveles de confianza del 22% al 11%. Solo una de cada diez personas considera que se puede confiar en los demás. En cambio, en las economías avanzadas, la confianza se ha mantenido en niveles relativamente estables, muy por encima de América Latina y el Caribe, destaca el informe del BID en su libro “Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe”.
La desconfianza en los estamentos públicos donde se organiza el poder político, sumada a la capacidad de movilizaciones sociales obviando las organizaciones formales gracias a las tecnologías, distingue a una generación donde la diversidad, la voz de las minorías y el escrutinio/ exigencias a los actores políticos está mucho más exacerbada.
El Barómetro de Confianza de Edelman 2022 sitúa el nivel de confianza de la población mundial en los gobiernos en un 52%, así como su ubicación en un cuadrante negativo como antiéticos y poco competentes, en comparación con otros tipos de organizaciones. Si comparamos este resultado con los últimos tres años, la población no ha logrado tener confianza en los gobiernos, mostrándose estancada en una espiral de desconfianza: en 2019 (47%), en 2020 (49%) y en 2021 (53%).
La confianza es uno de los fundamentos más importantes para construir la legitimidad y la sostenibilidad de un sistema político. Además, es necesaria para el funcionamiento justo y efectivo de las instituciones públicas.
Los gobiernos, ese conjunto de órganos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder político, se apalancan en la Administración Pública, encargada de llevar a la práctica el programa de gobierno y de satisfacer los intereses generales. Sin embargo, la comunicación pública, esa que se hace desde las organizaciones públicas, encuentra importantes retos y oportunidades para su profesionalización, paso imprescindible para dimensionar esta gestión y orientarla hacia la gestión de intangibles (confianza, legitimidad,etc…) y de la reputación, dos aspectos básicos para procurar su capital social.
¿Cómo lograremos la coherencia entre las promesas, la ejecución y los resultados? He aquí un reto, uno con matices tanto de gestión como de reputación.
Hablar de reputación en el sector público puede resultar complejo si no tomamos en
cuenta las particularidades del sector y su realidad. Sin embargo, no tenemos duda en que puede gestionarse y con ella gestionar la legitimidad de las instituciones.
Vivimos tiempos de incertidumbre, donde cada vez debemos asumir nuestro rol social con más responsabilidad. El ciudadano tiene pasar de las exigencias y quejas a la participación activa real, elevando su conocimiento sobre la actuación pública y haciendo uso de los mecanismos de participación ciudadana que existen; además, comienza a ser imperativo dejar de “comprar” la narrativa de que en 4 años se arregla un país y comenzar a elegir por propuestas, coherencia y aspiraciones realistas que sumen a la solución progresiva de los problemas sociales. Para eso, tenemos que involucrarnos.
De su parte, los gobiernos deben dejar de ”pedir” confianza. La confianza no se pide. La confianza es un elemento importante a la hora de construir reputación y al igual que esta, se gana a través de la experiencia con las instituciones, sus servicios, servidores y actuación.
Los funcionarios pueden incorporar atributos deseados a la hora de construir la narrativa, pero si esto no encuentra soporte en la realidad, pocos efectos tendrán. La única ruta viable y sostenible es el liderazgo responsable: competente, inclusivo, ético, íntegro y coherente.
