«Empresa que esté parada, empresa que debe ser tomada y resguardada por los trabajadores y trabajadoras para evitar que sea paralizada, llámese quien se llame la empresa», dijo Cabello en unas declaraciones ofrecidas al canal estatal VTV.
El oficialista informó que las autoridades están supervisando a las compañías productoras de alimentos para «determinar cuáles son los inventarios de estas empresas que dicen que no trabajan si no les dan los dólares».
Esta no es la primera vez que las autoridades venezolanas advierten a los empresarios de que si cesan sus operaciones los trabajadores podrán tomar las instalaciones para reactivar la producción.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo el pasado fin de semana el mismo señalamiento para instar a los trabajadores de sindicatos a tomar todas las plantas de las compañías que se encuentran paradas.
Empresas Polar, el mayor productor de alimentos en el país caribeño, anunció el pasado viernes el cese de operaciones de todas sus plantas de cervecería por falta de materia prima y divisas.
Desde entonces un grupo de trabajadores de la empresa ha manifestado su apoyo a la compañía y ha exigido al Ejecutivo que adjudique divisas para adquirir materias primas y retomar sus operaciones.
El secretario del sindicato de Empresas Polar, Roger Palacios, aseguró hoy en una entrevista con la emisora privada Unión Radio que con estas políticas «erradas» el «Gobierno no está incentivando la producción nacional sino que, por el contrario, la deterioran».
«Nos colocan en una dependencia abrumadora de las importaciones (…) en un momento donde no tenemos las divisas», indicó.
El sindicalista afirmó que los trabajadores se encuentran en «incertidumbre» ante los anuncios del jefe de Estado venezolano sobre la posibilidad de que las fábricas puedan ser ocupadas.
Las empresas del país caribeño, en el que rige un control de cambio desde hace más de diez años, requieren de la asignación de divisas por parte del Estado para poder adquirir en el extranjero las materias primas para la producción.
El sector privado ha denunciado en reiteradas oportunidades que el Estado se mantiene en deuda con los proveedores internacionales, lo que ha llevado a la paralización de la producción. Sin embargo, las autoridades aseguran que el cese de las operaciones es un intento de los empresarios por generar desestabilización, algo que el Gobierno llama «guerra económica».
