La crisis económica de Puerto Rico ha dado lugar a muchas comparaciones con la de Grecia, pero tal vez la de Argentina sea una analogía más apta.
Los fondos de cobertura que compraron miles de millones de dólares de la deuda de Puerto Rico hace dos años se resisten a una reestructuración más amplia con la esperanza de preservar su derecho a cobrar primero y en su totalidad.
El libreto, así como algunas de las partes involucradas y circunstancias, es parecido al que ayudó a un grupo de tenedores de bonos que no aceptaron canjes de deuda, conocidos como holdouts, a hacer su agosto en Argentina.
En ese caso, los fondos de cobertura acudieron a los tribunales para obtener mejores condiciones que las que Argentina ofreció a otros acreedores y en febrero acordaron con el nuevo gobierno instalado en Buenos Aires poner fin a una disputa de 15 años.
Ahora, el debate gira en torno a si el Congreso de Estados Unidos debe aprobar una ley que otorgue a una junta de supervisión federal las facultades para ayudar a la isla a equilibrar el presupuesto y autorizar una reestructuración supervisada por los tribunales de una deuda que asciende a US$72.000 millones. El secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, subrayó el riesgo de una batalla prolongada con los fondos de cobertura como una razón para actuar con urgencia hacia una reestructuración.
“Como hemos visto en Argentina, los holdouts pueden llevar el proceso al borde (del precipicio)”, advirtió. “Puerto Rico no tiene 15 años (para estirar el proceso). Si esto va a juicio (…) no quedará nada de Puerto Rico”.
Las condiciones se están deteriorando en la isla, que está sumida en una recesión desde 2006. El Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico incumplió la mayor parte de un pago de US$422 millones que venció el lunes.
Debido a su condición de un estado libre asociado de EE.UU., Puerto Rico no puede acogerse a la ley de bancarrota, como los municipios y las agencias estatales, y tampoco puede acudir a instituciones como el Fondo Monetario Internacional en busca de ayuda, ya que no es un país. Decenas de miles de puertorriqueños, que son ciudadanos estadounidenses, han abandonado la isla desde 2010 para mudarse a EE.UU.
Los fondos de cobertura y otros interesados dicen que Puerto Rico y sus asesores financieros han agravado las dificultades al amenazar con no pagar deuda que, según su constitución, tiene prioridad sobre otros gastos. “Si no cumplen su propia constitución, ¿quién va a prestarles dinero de nuevo?”, pregunta Héctor Negroni, cofundador del fondo de cobertura Fundamental Credit Opportunities, que invierte en deuda de Puerto Rico.
Una cesación de pagos dificultaría la recaudación de fondos en los mercados de bonos y sería el equivalente a sacar el volante de un auto en marcha, dice Luis Fortuño, que fue gobernador de Puerto Rico entre 2009 y 2013. “Se pierde el control de lo que está por venir”, afirma. Fortuño es ahora abogado de Steptoe & Johnson LLP en Washington, una firma que representa a garantes que aseguran la deuda de Puerto Rico.
Los pagos de los bonos de obligación general tienen prioridad constitucional. Otros títulos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico, más conocidos como Cofina, son respaldados por los ingresos del impuesto a las ventas. Si Puerto Rico no paga parte de su obligación general de aproximadamente US$800 millones que vence en julio, los bonistas podrían impugnar la constitucionalidad de la deuda de Cofina bajo el argumento de que desvía los ingresos del fondo general. Esto iniciaría una batalla legal que podría prolongarse durante años.
La disputa con los fondos de cobertura se remonta a marzo de 2014, cuando compraron gran parte de una emisión de bonos de obligación general por US$3.500 millones. Tres grandes agencias crediticias habían rebajado la calificación de Puerto Rico a la categoría de chatarra el mes anterior. Debido a los riesgos, los bonos tenían un rendimiento de 8,7%, una tasa inusualmente alta para una deuda cuyos retornos están exentos de impuestos. Para ofrecer mayor protección legal, Puerto Rico emitió la deuda bajo la ley del estado de Nueva York, al igual que lo hizo Argentina en los años 90.
Los bonos han sido comprados y transados por fondos de cobertura con experiencia en deuda con problemas. Entre ellos figuran Aurelius Capital Management LP, que estuvo envuelto en la disputa con Argentina; Brigade Capital Management LP; Perry Capital LLC; Fir Tree Partners y Centerbridge Partners LP. “Ante la opción de emular” a los ex presidentes de Argentina Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner o al actual mandatario, Mauricio Macri, “el gobernador de Puerto Rico, con el visto bueno del Departamento del Tesoro, optó por los primeros”, dice Mark Brodsky, presidente de la junta de Aurelius. Los otros fondos se abstuvieron de referirse al tema o no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Varios asesores financieros contratados por el gobernador de Puerto Rico habían trabajado con el gobierno de Argentina.
Los fondos de cobertura que poseen la deuda “están asumiendo que les puede ir muy bien teniendo en cuenta lo que sucedió con Argentina”, señala Marc Joffe, ex director sénior de la calificadoraMoody’s Investors Service. “Los titulares de la deuda de 2014 van a salir mejor parados porque están litigando en Nueva York”.
No obstante, la legislación que analiza el Congreso estadounidense podría socavar tales ventajas al debilitar las protecciones legales que invocan los fondos cuando reclaman tener prioridad a la hora de cobrar las deudas de Puerto Rico.
Los grupos de presión han salido a los medios de comunicación para luchar contra la legislación propuesta. El Centro para la Libertad Individual, un grupo sin fines de lucro de Alexandria, Virginia, que no tiene obligación de revelar sus donantes, gastó más de US$2,5 millones hasta mediados de abril en anuncios de televisión y radio que catalogan la legislación como un rescate financiero, pese a que no usaría dinero de los contribuyentes. Los representantes del grupo no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Bob Corker, senador republicano de Tennessee, indicó en una audiencia la semana pasada que la publicidad había incitado a los votantes de su estado a preguntarle si el Congreso tenía la intención de rescatar a Puerto Rico. “Ha sido muy impactante para mí ver los extremos a los que están dispuestos a llegar algunos fondos de cobertura”, manifestó.
Otra organización sin fines de lucro llamada 60 Plus Association, un grupo conservador de defensa de los intereses de los jubilados, también ha destinado fuertes sumas a una campaña similar a través de una coalición denominada Main Street Bondholders.
“Los jubilados verían desaparecer sus ahorros” si el Congreso aprueba la ley de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, señala el vicepresidente del grupo, Matthew Kandrach.
Otro organismo, DCI Group, está registrado para hacer lobby en nombre de los fondos que poseen deuda de obligación general de Puerto Rico y ha contratado los servicios del ex congresista republicano Connie Mack IV, del operador del Partido Republicano Douglas Davenport y de Raben Group, una empresa con vínculos con el Partido Demócrata.
Todos esos grupos de presión trabajaron junto con DCI en American Task Force Argentina, formado en 2009 para buscar apoyo del Congreso de EE.UU. para que los titulares estadounidenses de bonos argentinos cobraran la totalidad de lo que se les adeudaba. DCI no respondió a una solicitud de comentarios.
