El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, reiteró a todos los fiscales de las diferentes jurisdicciones que deben solicitar como medida de coerción prisión preventiva, sin excepción, contra todas las personas que sean sorprendidas portando armas de fuego de manera ilegal.
Domínguez Brito definió como preocupante la cantidad de armas de fuego que fueron incautadas durante el pasado proceso electoral, donde 38 de diferentes tipos y calibres les fueron ocupadas a ciudadanos que acudieron con ellas a diferentes colegios electorales, entre ellos, ubicados en Barahona, Valverde, Higüey y Moca.
En ese sentido, instruyó a todo el Ministerio Público para que sea fuerte en la persecución de esos delitos, que son sancionados por la Ley 36 sobre comercio, porte y tenencia de armas, al tiempo que enfatizó en que un gran número de ellos son cometidos con armas ilegales.
