Los opositores del proyecto no ceden, con nuevas huelgas y manifestaciones este jueves en un clima cargado por el odio contra la policía.
El primer ministro socialista, Manuel Valls, reclamó «sanciones implacables» contra los manifestantes violentos que incendiaron un coche de policía en París el miércoles y presionó a los sindicatos, llamados a «cuestionarse la pertinencia» de algunas de las manifestaciones.
El jefe de gobierno dijo estar dispuesto a eliminar por la fuerza los bloqueos de puertos, refinerías y aeropuertos, teniendo como objetivo no recibir a los principales dirigentes sindicales para poner fin al movimiento, que encadena una violencia in crescendo desde marzo.
«Si no hubiera habido el proyecto de ley, no habrían existido las manifestaciones ni los episodios de violencia», replicó Jean-Claude Mailly, número uno del sindicato contestatario Fuerza Obrera (FO).
FO y otros sindicatos de trabajadores y estudiantes continúan reclamando la «retirada» del proyecto de ley, que consideran demasiado liberal. El presidente François Hollande descartó renunciar a esta reforma, aprobada por la fuerza la semana pasada en el Parlamento a falta de una mayoría.
EL PRESIDENTE FRANÇOIS HOLLANDE DESCARTÓ RENUNCIAR A ESTA REFORMA
Desde el comienzo del movimiento, cerca de 1.400 personas fueron detenidas y más de 800 están en detención provisional. Según las autoridades, 19 personas de extrema izquierda fueron detenidas de nuevo este jueves en Rennes (oeste) por delitos de degradación de bienes públicos.
En París, la policía volvió a emitir la prohibición de manifestación antes de una marcha prevista por la tarde bajo una gran tensión.
El incidente se produjo durante una contramanifestación, que estaba prohibida, frente a la concentración de agentes de seguridad que denunciaban un clima de «odio a la policía».
El jefe de Estado, cuya popularidad está en mínimos a sólo un año de las presidenciales, cuenta con este proyecto para desbloquear el mercado de trabajo en un país con un paro endémico del 10 por ciento.
DESDE EL COMIENZO DEL MOVIMIENTO, CERCA DE 1.400 PERSONAS FUERON DETENIDAS Y MÁS DE 800 ESTÁN EN DETENCIÓN PROVISIONAL
Después de un respiro a finales de abril, la movilización contra el texto, que ha sacado a decenas de miles de personas a la calle desde hace dos meses, recobró fuerza esta semana con huelgas ferroviarias y de carreteras.
Bloqueos en puntos estratégicos, como zonas industriales, refinerías y depósitos de petróleo, se registraron este jueves cerca de Marsella (sur), Havre (noroeste), así como en Rennes o Nantes (oeste). En el suroeste, el acceso a la aeropuerto de Toulouse también estaba cerrado.
El tráfico ferroviario se vio fuertemente perturbado a nivel nacional, en el segundo día de paro de trenes. La llamada a la huelga de los controladores aéreos afectó también, aunque algo menos, al tráfico aéreo.
«El acceso a los puertos, a los centros neurálgicos económicos y a los aeropuertos debe ser posible y no se pueden tolerar estos bloqueos, incluso si supone una dificultad adicional para las fuerzas del orden», declaró Manuel Valls.
Antes de la manifestación en París, la Prefectura de Policía de la capital consideró «inquietante» que los servicios del orden de los sindicatos se equipasen con porras para responder a los manifestantes violentos.
Claves de la reforma laboral francesa
El proyecto del gobierno francés ha llevado a decenas de miles de manifestantes a las calles en las últimas semanas y forzó al primer ministro a exponerse a una moción de confianza el jueves en la Cámara baja del Parlamento. A continuación, algunas medidas clave del texto, desde las jornadas de trabajo al derecho de los empleados a desconectarse de correos electrónicos y smartphones.
SEMANA LABORAL DE 35 HORAS
La ley mantiene formalmente la semana laboral de 35 horas, pero permite a las empresas organizar turnos alternativos. Los trabajadores podrían tener semanas de 48 horas laborables o turnos de 12 horas durante períodos limitados. En caso de «circunstancias excepcionales», los empleados podrían trabajar hasta 60 horas semanales. Una cláusula permitiría que los empleados trabajaran más de 35 horas sin que se le pagase las horas extra durante un tiempo limitado. A cambio, recibirían más días libres. Esta medida pretende ayudar a las empresas a adaptarse a picos de trabajo y épocas de baja actividad.
PÉRDIDA DE COMPETENCIAS SINDICALES
La reforma permitiría a las empresas mantenerse al margen de convenios colectivos negociados por los sindicatos si tienen su propio acuerdo en la empresa, siempre que esté negociado por representantes sindicales. Los sindicatos que se oponen a la ley temen que los acuerdos puedan ofrecer menos protección a los empleados.
DERECHO A DESCONECTAR
La ley pretende ayudar a los empleados a aplicar su «derecho a desconectar». Las empresas de más de 50 personas tendrían que negociar una «carta de buena conducta» con representantes sindicales. El texto detallaría las horas, habitualmente por la noche y en fin de semana, en las que no se espera que los empleados estén conectados a sus «herramientas digitales», lo que abarca celulares y laptops. En empresas de menos de 50 empleados, los empresarios tendrían que publicar un documento que detalle las normas.
FACILIDAD PARA DESPEDIR
El gobierno quiere «aclarar» los motivos, al permitir despidos en negocios de menos de 300 empleados en caso de dificultades financieras, como un descenso en los pedidos o bajos ingresos durante varios trimestres consecutivos. La idea es limitar las demandas judiciales de trabajadores despedidos y crear más flexibilidad para empleadores, con la esperanza de que eso reduzca el miedo de las empresas a contratar personal.
AYUDAR A LOS JÓVENES
Para los jóvenes que no tienen recursos financieros ni empleo, no son estudiantes ni están en formación, el Estado proporcionará una asignación mensual de 461 euros (527 dólares) y los ayudará a buscar empleo.
