La región de las Américas corre riesgo de quedarse sin la protección del organismo que durante décadas ha vigilado y defendido los derechos humanos en el Hemisferio Occidental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido este lunes de que está arruinada. Si los países miembro no empiezan a entregar fondos, tendrá que despedir casi a la mitad de su personal a partir de agosto y dejar de ejercer funciones clave de su mandato. Algo que, para los expertos, podría tener consecuencias nefastas.
“Nos preocupa que la crisis financiera debilite la capacidad del sistema interamericano de responder a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, resume la situación Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Todo ello cuando la Comisión “ha sido la que, cuando hay deterioros institucionales que afectan a los derechos humanos, es la primera, y muchas veces la única dentro de la OEA, que llama la atención sobre los derechos humanos”, recuerda Ariel Dulitzky, director de la Human Rights Clinic de la Universidad de Texas y exsecretario ejecutivo adjunto de la CIDH. Esto hace que la crisis que atraviesa pueda “repercutir en la calidad de los derechos humanos y en la calidad democrática de la región”, alerta.
Según ha adelantado el presidente de la Comisión, James Cavallaro, a EL PAÍS, si el organismo no recibe fondos con urgencia, a partir de agosto tendrá que despedir al 40 % de su personal, o a 30 de las 78 personas que emplea. Pero las consecuencias van mucho más allá. El peligro es hacer retroceder los avances logrados por la Comisión “30 años”, lamenta su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.
Estamos hablando de que “la Comisión pierda cualquier posibilidad de hacer su trabajo, como emitir medidas cautelares o de protección cuando una persona está siendo amenazada. Y eso ha salvado vidas humanas en Latinoamérica”, advierte Santiago Canton, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y que precedió a Álvarez Icaza en la CIDH.
Que la CIDH se quede a medio fuelle por falta de fondos significa también, apunta, que no podrá volver a haber un proyecto como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estudió el caso Ayotzinapa y descubrió numerosos fallos en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, México. O que se pierda la única instancia en las Américas que puede realizar una “observación independiente” en los Estados.
Porque la CIDH “es el único garante independiente e imparcial que tenemos en la región”, resaltan tanto Canton como Dulitzky.
Un problema endémico
Pese a ser celebrada como la “joya de la corona” del sistema interamericano y un ejemplo para muchos organismos de derechos humanos en todo el mundo, la CIDH siempre ha caminado al borde del precipicio económico. Los únicos fondos que tiene asegurados son prácticamente pírricos, un 6% del presupuesto de la Organización de Estados Americanos (OEA) o, como se suele señalar con sorna, menos de lo que este organismo dedica a cuidar sus edificios. En el presupuesto de 2016, ese dinero asciende a 4,8 millones de dólares. Su principal fuente de ingresos han sido siempre las contribuciones voluntarias, pero ahí los países miembro también han sido, generalmente, muy parcos.
Hasta ahora, la Comisión lograba subsistir gracias a las contribuciones sobre todo de países europeos. Pero con la crisis de refugiados que vive el viejo continente desde el año pasado, ese grifo se ha secado. La responsabilidad, según Álvarez Icaza, tiene que ser asumida de una vez por los Gobiernos de los países que forman parte del organismo.
“Los jefes de Estado de la región tienen una narrativa muy fuerte en materia de derechos humanos, pero tienen una chequera muy pasiva. Es momento de empatar el discurso. La CIDH debe ser parte de las prioridades de los países”, reclama.
Los Estados no responden
La respuesta ha sido, por el momento, magra. Los únicos que han dado fondos a la CIDH en 2016 han sido Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay. El total: 2,5 millones de dólares, de los cuales EE UU aportó más del 90%.
La escasa aportación a la CIDH no se explica, según los observadores y funcionarios del organismo, por falta de dinero. Al fin y al cabo, el año pasado los países de las Américas contribuyeron con casi 20 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI). Los mismos países, en el mismo periodo, destinaron solo 199.000 dólares a la Comisión en materia de fondos voluntarios.
Para Santiago Canton, se trata de una “vergüenza histórica” tras la cual se esconde una “perversidad insólita”: “A los países de la región no les gusta la CIDH, les molesta porque les marca cuando están cometiendo errores, y a nadie le gusta eso”. Así que no le proporcionan los recursos necesarios porque es una manera, sostiene el defensor de derechos humanos, “de lograr que la Comisión no haga lo que no les gusta”.
