La comunidad dominicana residente en Puerto Rico, que representa la mayor colonia de extranjeros, celebra que por fin se haya prohibido a la Policía de la isla realizar detenciones únicamente para cuestionar su estatus migratorio.
El cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, Franklin Grullón, dijo hoy en entrevista con Efe que se trata de una medida parte de la reforma en marcha de la Policía con repercusión entre los muchos miles de sus compatriotas que viven en el Estado Libre Asociado sin tener al día su estatus migratorio.
El jefe de la Policía de Puerto Rico, José Caldero, informó la noche del jueves de que firmó una orden general que ya hoy tiene vigencia que establece que ningún agente podrá detener a una persona con el único fin de determinar su situación migratoria.
«En algunas ocasiones teníamos que intervenir -el Consulado- en casos en que los dominicanos tenían temor a hacer denuncias debido a su situación migratoria», apuntó el diplomático.
Dijo que, por ejemplo, en casos de violencia de género contra mujeres de su país personal del Consulado acompañaba a estas personas a la Policía ante el temor a preguntas sobre migración, algo a lo que la orden firmada por Caldero pone fin.
Grullón subrayó que la orden establece un protocolo preciso para los casos de detenciones que afecta a todos los extranjeros, pero que tiene como beneficiaria principal a la comunidad dominicana, de largo la más numerosa en la isla y que algunos cifran, oficiosamente, en cerca de 250.000 personas.
Sectores de la comunidad dominicana denuncian desde hace años el acoso de la Policía puertorriqueña, por actuar, algunos de sus miembros, como agentes de inmigración.
«Me alegro de que se haya implementado la medida», dijo hoy a Efe el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, José Rodríguez, aunque matizó que lo anunciado ahora por el jefe de la Policía es resultado del trabajo de la organización que encabeza.
Rodríguez destacó que es un avance muy importante, ya que aunque la situación ha mejorado sustancialmente respecto al pasado todavía hay algún caso de agentes de la Policía que actúan como si tuvieran potestad para intervenir en asuntos migratorios.
La orden general firmada por Caldero regula las normas y procedimientos a seguir por los miembros de la Policía de Puerto Rico al intervenir con extranjeros, bien sea por la comisión de delitos u otras circunstancias.
La misma tiene como finalidad proveer servicios equitativos y respetuosos a todos los extranjeros que residen en Puerto Rico.
La orden establece que no se investigará el estatus migratorio de las personas extranjeras que sean víctimas de delito, violencia doméstica, testigos de delitos ni de aquellos que soliciten servicios en alguna de las dependencias de la Policía de Puerto Rico.
«Resulta de vital importancia que las personas extranjeras en Puerto Rico, indistintamente de su estatus migratorio, denuncien ante la Policía aquellos delitos de los cuales son víctimas para así poder iniciar las correspondiente investigación», dijo Caldero durante la firma.
Las denuncias de abusos por parte de diferentes colectivos, principalmente dominicanos, facilitó la puesta en marcha de un proceso de reforma de la Policía tras el acuerdo judicial alcanzado entre el Gobierno de Puerto Rico y la Justicia federal.
El detonante del acuerdo fue la publicación en 2011 de un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles que denunciaba que entre 2005 y 2010 casi 2.000 agentes de la Policía local cometieron delitos de distinta índole, incluido el trato inadecuado a personas de la comunidad dominicana.
El Comité Dominicano de los Derechos Humanos ha denunciado durante los últimos años casos de corrupción en el Departamento de la Policía de Puerto Rico y el escaso éxito de una reforma con un coste millonario.
