La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que constituye un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el ministerio público con una insinuación que pretenden reducirlo a un instrumento de “vindicta política”.
La magistrada Germán dijo que los casos de corrupción se han ido judicializando en la medida en «que las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido».
Estas declaraciones surgen a raíz del discurso del expresidente Danilo Medina, en la reunión del Comité Político del PLD, donde calificó de “persecución política” los casos que lleva a cabo el Ministerio Público desde que culminó su gestión, alegando que el Ministerio Público está politizando las acciones del organismo que se autoproclama de independiente.
Germán Brito reconoció el esfuerzo de trabajo conjunto de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa ( Pepca), gracias al cual la justicia se encuentra apoderada de una solicitud de medida de coerción que involucra a más de una veintena de personas en un fraude al estado que alcanzaría los 19 mil millones de pesos, al referirse al caso Calamar.
Confió en que el Poder Judicial sabrá cumplir en este caso con las funciones que le corresponden conforme a la Constitución y las leyes, en condición de igualdad con supuestos análogos para garantizar los fines propios de la medida de coerción.
También dijo que las autoridades encargadas de garantizar el orden público deben actuar con mesura, garantizando un uso racional de los medios coercitivos de que disponen, «sin excesos ni abusos».
«Pues no podemos poner en riesgo la democracia que tanto nos ha costado», dijo en una declaración de 5 puntos que leyó a la prensa.
Miriam Germán Brito habló en esos términos en una rueda de prensa sobre el seminario internacional: «Nuevas Modalidades de Lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero”. Estuvo presente el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa y la embajadora de la Unión Europea en el país, Katja Afheldt.
Caso Calamar
Los implicados en el entramado de corrupción Calamar son los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, así como del abogado Ángel Lockward.
También están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Además, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Fuente-Listin Diario.
