La Policía Federal brasileña desbarató ayer una red de corrupción en la que participaban exfuncionarios del gobierno, que han sido acusados de fraudes con licitaciones en la Casa de Moneda, informaron fuentes oficiales.
Las autoridades confirmaron la detención del excoordinador del departamento de Fiscalización de la administración tributaria Marcelo Fisch y de su esposa, acusados de integrar una red que se calcula que obtuvo unos 70 millones de reales (unos 20 millones de dólares) en comisiones por contratos amañados.
También se investiga a una empresa identificada como “Enigma”, que en los últimos años obtuvo millonarios contratos con la Casa de Moneda pero en realidad no prestaba ningún servicio y era usada por la red de corrupción como una suerte de “fachada legal”.
Asimismo, se sospecha que otros doce exfuncionarios, tanto de la Casa de Moneda como de la administración tributaria, participaron en esas operaciones ilegales.
Fish, quien trabajó en la administración tributaria hasta el año pasado, ya era investigado por las autoridades, que habían detectado que su patrimonio había aumentado en 14 millones de reales (unos 4 millones de dólares) desde 2008, cuando se sospecha que comenzaron los fraudes en los contratos con la Casa de Moneda.
Hasta el momento, la Policía Federal ha dicho que no se ha comprobado ningún vínculo entre estos fraudes y partidos políticos, como ocurría en otros grandes escándalos de corrupción descubiertos en los últimos años, como el que se centra en la estatal petrolera Petrobras.
La base política que apoya al presidente interino ha propuesto acelerar el trámite para el juicio que le puede costar el cargo a la mandataria interina Dilma Rousseff y la falta de consenso dejó la decisión en manos de la Corte Suprema.
La polémica propuesta de recortar los plazos para el juicio político que enfrentará Rousseff fue presentada ante la comisión del Senado responsable del proceso y generó fuertes críticas entre los parlamentarios que respaldan a la mandataria suspendida.
La autora de la moción que encendió la polémica fue la senadora Simone Tebet, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño.
