De igual forma, lamentó que la nueva norma genera algunas redundancias y precisó que se tendrá que ser muy cauteloso en la labor reglamentaria para cuidar los procesos administrativos que la nueva norma diseña, pero sin la especificidad adecuada.
“El presidente Abinader, aún consciente de que el texto legal puede y debe ser mejorado, ha decidido proceder con la promulgación en procura de ofrecer a la ciudadanía afectada por esta condición la mayor protección posible”, señaló Peralta.
Agregó que, sin embargo “paralelamente a ello ha instruido a esta Consultoría Jurídica a conformar un equipo de expertos en la materia para abordar la labor reglamentaria y trabajar también en posibles iniciativas legislativas del gobierno para que el fortalecimiento y la institucionalización no solo beneficie a los que padecen el TEA, sino a cualquier persona con discapacidad”.
“Desde el Gobierno estamos conscientes del desafío que implica para las familias dominicanas la crianza y cuidado de los niños con esta condición bajo las circunstancias actuales, por lo que asumimos el compromiso de fortalecer el marco legal que ampare y garantice el acceso a la educación sin restricciones o discriminación, a la salud, así como también a actividades recreativas y culturales, dentro de un ambiente sano, donde prevalezca el respeto a la diversidad y la inclusión”, concluyó.
Finalmente, Peralta afirmó que en el plazo de 120 días previstos por la Ley para el inicio de su ejecución, el Poder Ejecutivo tomará las medidas necesarias para que la ejecución de la norma se produzca en el marco de la seguridad jurídica y sin afectar negativamente a ninguno de los sectores que de manera oportuna colaboran en esta labor cívica.
Con esta nueva regulación se amplía el catálogo de principios concebido por la Ley 5-13, establece derechos particulares para las personas con TEA e introduce nuevas reglas para la aplicación y coordinación interinstitucional en el marco de la atención, protección e inclusión de las personas afectadas por esta situación.
Se recuerda que la norma, marcada con la numeración 34-23, había sido aprobada de urgencia por el Congreso Nacional y remitida a la Presidencia de la República el pasado jueves 1 de junio, para el trámite correspondiente.
Fuente-elNacional.
