El alcalde de Santiago, Gilberto Serulle, está siendo interrogado en estos momentos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre supuestas irregularidades de su gestión.
Serulle es interpelado en compañía de sus abogados, Guillermo Estrella y Nicolás Álvarez, por la titular del Pepca, Laura Guerrero, y otros fiscales del Departamento Anticorrupción.
A su llegada, Serulle dijo que acudió a un requerimiento que le formuló el Ministerio Público y que su presencia es una muestra de la transparencia de su gestión al frente de la alcaldía de Santiago, por lo que no tiene nada que temer.
Serulle acudió al Pepca acompañado de regidores y del presidente de la sala capitular de Santiago, Elvin Vargas.
De su lado, el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Sandy Filpo, acompañó a Serulle y cuestionó que este haya sido requerido por el Ministerio Público en un momento de transición. También recordó que el ayuntamiento ha sido reconocido por su transparencia en la gestión de Serulle.
Mediante circular 6008, cuya copia posee el Listín Diario, el Pepca requiere a Serulle, a fin de ser escuchado en relación a supuestas irregularidades de acción penal pública acontecidas en el ayuntamiento municipal de Santiago, durante su gestión del 2010 hasta la fecha.
Se le acusa de haber manejado los fondos de forma discrecional sin cumplir con los procedimientos, elaborando los estados financieros sin criterios técnicos, además de que los impuestos retenidos no eran remesados y que no cumplían mínimamente con el presupuesto.
Además, que se confeccionaba documentos falsos y hacían uso de documentos falsos para la realización de contrataciones de servicios, con cargo a los fondos del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, como en algunos casos relativos a la recogida de basura.
Se estableció la realización de pagos mensuales y consecutivos a favor de esposas, hijos, suegro y personas con vinculación de consanguinidad, allegados, amigos y relacionados de las principales autoridades del cabildo, la mayoría de las cuales no asisten ni prestaban servicios en la institución edilicia.
La acusación señala también la venta de equipos de transporte (chatarras) en violación a las leyes y los reglamentos.
