El pueblo linchó a dos y el pueblo ahora no quiere hablar. Una especie de omertá recorre a la localidad de Santiago Atlatongo.
Aquí nadie vio nada, había salido, trabajaba en otro lugar, justo ese día no estaba.
Ese día era 24 de mayo y unas 600 personas de una población de 5.000 participaron del linchamiento de dos presuntos secuestradores, un hombre y una mujer.
Ambos murieron y otro hombre resultó herido.
A dos semanas del incidente, cuando BBC Mundo visitó el lugar, la desconfianza reinaba en este pueblo del municipio de Teotihuacán, una hora al norte de Ciudad de México.
El delegado local me sugirió no hacer muchas preguntas. Y los pocos que se atrevieron a hablar no quisieron dar sus nombres.
Antes de hacer algo así hay que pensarlo dos veces, no es fácil cargar con una cosa así, pero si reaccionamos así es porque estamos cansados»
Me dijeron que se estaban protegiendo de represalias y que aunque el linchamiento no era justificable, era una forma de defenderse ante la falta de acción de las autoridades. Y de advertir a los delincuentes.
Me explicaron que había un «código de silencio».
Y me advirtieron que un hecho así se puede repetir.
Linchamientos en la región
El fenómeno de los linchamientos, el acto de ejecutar a alguien por parte de una multitud y sin mediar un proceso legal, no es nuevo pero está en ascenso en México y otros países de América Latina.
Aunque las cifras son por lo general difíciles de contrastar, Venezuela, sumida en una crisis económica y social sin precedentes, ha visto una cantidad récord en los últimos meses.
Y Guatemala y Bolivia, históricamente, han sido dos de los países donde más común es que ocurran actos de este tipo.
Linchamientos
en América Latina
56
casos en México en 2015
- 40 promedio anual de muertos en Guatemala
- 37 muertos en Venezuela de enero a abril
- 30 promedio anual de muertos en Bolivia
Las motivos de fondo que llevan a una sociedad a tomar la justicia en sus propios manos se repiten a lo largo de los distintos países: falta de confianza en la policía y en el sistema judicial, sumada a la ineficiencia, corrupción o al poco alcance del Estado en algunas zonas.
Raúl Rodríguez Guillén, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien lleva dos décadas estudiando el fenómeno en México, señala que el aumento se debe al «crecimiento sin límite de la delincuencia, la inacción y poca eficacia de la autoridad y el hartazgo de la sociedad».
«Lo más grave que va sucediendo es que se va erosionando la autoridad», le dice a BBC Mundo, «y eso a largo plazo creo que es de mayor gravedad que el crecimiento de la delincuencia».
La llegada del «delito amateur»
En Venezuela, dos tercios de la población justifica los linchamientos, señala Roberto Briceño León, presidente de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
Quizá el caso reciente que más repercusión ha tenido fue el de Roberto Bernal, un chef de 42 años, linchado en abril en Caracas.
El linchamiento tiene un efecto catártico en la sociedad»
Lo golpearon, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego.
Bernal terminó con quemaduras de segundo grado en 70% de su cuerpo y falleció hospitalizado dos días después.
Tras el incidente se supo que había sido atacado por intentar ayudar a una víctima de robo y ser confundido con un delincuente.
Los rumores y los malentendidos que dan pie a estos actos de violencia en masa no son inusuales y en no pocos casos se termina castigando a inocentes.
«La gente puede no estar de acuerdo pero la necesidad de castigo en la sociedad es tan grande y la impunidad es tan sostenida en el tiempo, entonces la gente demanda castigo», explica Briceño León.
«El linchamiento», apunta, «tiene un efecto catártico en la sociedad».
El investigador no ve un vínculo tan directo entre los linchamientos y la situación del país, aquejado por una de las tasas de inflación más altas del mundo, la escasez de alimentos y medicinas en medio de la continua división política y social.
Pero sí advierte de un aumento del «delito amateur» vinculado a la situación de escasez y de pobreza.
«Entró el delincuente ‘no profesional’ a actuar, es el que es fácil linchar, el que no sabe robar», señala, «no tiene experiencia, no es un asesino; el otro, que es un asesino, saca una pistola y mata a los que lo intentan agredir».
Cambio en la sociedad
Tras un caso en la ciudad de Maracaibo, recuerda Briceño León, llegó una ambulancia pero la gente «trancó el paso para que no se llevaran a la persona y muriera ahí. Decían que si la curaban después iba a volver a vengarse».
Tras entrevistar a vecinos en Caracas que participaron de un intento de linchamiento, Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), afirma que ha cambiado la mirada de parte de la sociedad.
«Decían que sentían que estaban haciendo justicia porque muchos vecinos habían sido víctimas de robos. Lo interesante es que ciudadanos comunes, profesionales, realizan este tipo de actos y no sienten que cometen un delito».
En este escenario, el gobierno reconoció que entre enero y abril había realizado 74 investigaciones por linchamientos, que dejaron 37 muertos y 37 lesionados.
Las cifras de esos meses ya duplican lo ocurrido el año pasado.
El «telón de fondo cultural»
Si en el caso de Venezuela, la explosión de linchamientos se relaciona con el deterioro de la situación social y económica, en Guatemala y Bolivia el origen se encuentra más lejano en el tiempo.
Se suele decir en Guatemala -que probablemente sea el país que más casos registra en América Latina- que el germen de esta práctica se encuentra en la Guerra Civil que atravesó entre 1960 y 1996.
Nunca dejará de sorprenderme la indiferencia de la gente, porque al final es difícil saber dónde está la línea divisoria entre esa indiferencia y la participación»
«En este fenómeno confluyen varias cosas, incluso las prácticas del conflicto armado, las secuelas, que no había ninguna justicia, que había ejecuciones arbitrarias por la sospecha de estar vinculado a sectores insurgentes», le asegura a BBC Mundo María Antonia Reyes Prado, directora de Investigación en Derechos Humanos de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.
Aunque décadas atrás el fenómeno quizá estaba más extendido en comunidades indígenas, la ONU realizó en el año 2000 un estudio donde desacreditó la extendida opinión del vínculo entre linchamientos y el derecho indígena en Guatemala.
En el caso de Bolivia, donde se estima que en promedio entre 25 y 30 personas mueren por linchamientos cada año, también se han vinculado ambos elementos.
En el país, explica Gregorio Lanza, quien desde 2012 y hasta hace unas semanas dirigió la Unidad de Resolución de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, hay un»telón de fondo cultural» que complica las cosas.
Existen comunidades de El Alto, una ciudad que forma parte del área metropolitana de La Paz, que aplican un castigo de 20 latigazos a quien vulnera los códigos y recuerda una reunión con indígenas de la Amazonía donde se quejaban de no poder aplicar ese tipo de justicia a un violador.
Pero rechaza que la justicia comunitaria, reconocida en la Constitución desde 2010 y que da a los pueblos indígenas el derecho a administrar justicia según sus costumbres, haya incitado o avalado de alguna forma los linchamientos.
Sin embargo, admite que «se utiliza el argumento de la justicia comunitaria para tratar de encubrir, evitar ser encontrados o que los agresores seanjuzgados, pero en realidad el linchamiento como tal no existe en la justicia comunitaria».
Con el correr de los años las cifras de casos en Guatemala se han mantenido constantes.
En promedio 40 personas murieron anualmente en linchamientos en los últimos cinco años, de acuerdo a la ONG Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Datos de la ONU dicen que el promedio entre 1996 y el 2000 fue de 37 muertos.
En los últimos ocho años 305 personas fallecieron en linchamientos y 1.062 resultaron heridas.
La última muerte en un caso notorio se dio en octubre pasado, cuando una turba quemó vivo a un alcalde.
Lorenzo Sequec se vio involucrado de forma indirecta en ese hecho.
El alcalde de Concepción, Basilio Jucarán, fue linchado en represalia por un ataque contra Sequec, en el que murieron su hija y una prima.
«Es muy lamentable, repudio lo que le sucedió a él, no es la forma de solucionar las diferencias», le dice a BBC Mundo
Sequec había perdido las elecciones semanas antes contra Jucarán, reelecto en el cargo y contra quien había denunciado irregularidades y actos de corrupción.
Rechaza las acusaciones de haber ordenado el ataque contra el alcalde y señala que «esto pasa porque las autoridades no actúan a tiempo, lo que pasa es que las autoridades se dejan corromper».
BBC Mundo intentó comunicarse con familiares de Jucarán pero no estaban dispuestos a ser entrevistados.
Creciente apoyo de la población
La «justicia por mano propia» recibió en 2014 el máximo nivel de apoyo de los últimos diez años de acuerdo a un estudio publicado el año pasado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos).
«Siento que cada vez más hay en la sociedad una capacidad de sentir empatía por estas personas que cometen un linchamiento por este grado de desesperación con respecto a la impunidad y la corrupción», le asegura a BBC Mundo Daniel Zizumbo-Colunga, investigador-asociado del Lapop y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México.
El grado de apoyo social en una escala del 0 al 100 era de 29 puntos en 2014 y alcanzó las 32 unidades una década más tarde.
Los encuestadores confundidos con secuestradores
El caso que más ha sacudido a México en el último tiempo fue el dos hermanos linchados en octubre en Ajalpan, estado de Puebla.
El país registra 366 casos en las últimas décadas y 56 sólo en 2015.
Uno de ellos fue el de David, de 38 años, y José Copado, de 30, quienes realizaban encuestas sobre el consumo infantil de tortillas para una agencia de mercadotecnia.
Tras días de rumores y comentarios en redes sociales alertando sobre la presencia de secuestradores y extraños, la ciudad estaba en alerta.
Así que apenas los vieron haciendo preguntas, comenzaron a sospechar y los acusaron de haber venido para cometer un secuestro.
Se les pidió que se identificaran y aun así la policía los debió resguardar en una comisaría.
Ni la protección de las autoridades fue suficiente. Una turba irrumpió y se los llevó a la plaza, donde fueron quemados vivos.
«Es un poco por la ignorancia, la población se deja llevar por rumores en Facebook», asegura su hermano Pablo en conversación con BBC Mundo.
«La verdad es que estamos sufriendo una situación tremenda en el país», agrega, hay una mala capacitación de la policía y el gobierno no tiene autoridad sobre las personas».
«Y cosas así van a seguir ocurriendo».
