La bancada chavista solicitó el pasado martes a la Fiscalía General de la República que investigue a Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, el grupo comercial más próspero de Venezuela. El Gobierno quiere que esa institución, que está sometida a sus designios, determine si Mendoza, la segunda fortuna del país, según la revista Forbes, puede ser sometido a una investigación penal acusado de negociar con el Fondo Monetario Internacional una intervención de la economía venezolana. De fondo están todos los movimientos que producen las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Una conversación entre el empresario y un antiguo cargo de un Gobierno anterior al chavismo fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión. Durante poco más de seis minutos, Lorenzo Mendoza habla por teléfono con Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y actual director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, sobre la crítica situación de la economía venezolana y el destino que le corresponderá afrontar al Gobierno en el corto plazo, ahora que todas las líneas de crédito con sus aliados —Rusia y China, principalmente— parecen haberse cerrado.
La trama se desarrolla en vísperas de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre
“El presidente para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional [FMI] está muy preocupado por la situación de Venezuela y cree que en algún momento les va a tocar meterse allá. La situación va muy mal”, comenta Hausmann. Y más adelante agrega: “No es posible la salida de Venezuela de este peo [problema] sin ayuda internacional substancial. Y la ayuda financiera internacional se organiza a través del FMI”.
La denuncia de los diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela es la continuación de una supuesta trama que inició la semana pasada el número dos del régimen, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que pretende hacer ver que esa conversación —grabada sin autorización judicial y revelada en su programa de televisión— es parte de una conspiración para negociar con el FMI una intervención de la economía venezolana. La trama se desarrolla en vísperas de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre y en medio de la peor crisis de popularidad que ha enfrentado el chavismo desde que llegó al poder en 1999.
Víctima de un bloqueo
El presidente, Nicolás Maduro, recogió la denuncia de Cabello y pidió el pasado fin de semana que se enjuicie a Mendoza. “Aquí no gobiernan las transnacionales, sino un grupo de revolucionarios formados por Hugo Chávez. Es un delito lo que ha hecho el Pelucón mayor [el apodo por el que el gobernante llama al empresario] y tiene que ser procesado. Espero que los órganos de justicia reaccionen”. El pasado martes, en su programa semanal, el presidente aseguró que Venezuela está siendo víctima de un bloqueo internacional que le impide echar mano a préstamos en el extranjero. Esta nueva denuncia del Gobierno tensa aún más las relaciones con la escasa empresa privada del país.
Hausmann ha reaccionado a la difusión de la conversación con una apuesta al futuro. “Prefiero ver a Cabello preso por los crímenes cometidos contra otros venezolanos. No pienso perder mi tiempo con él”, afirmó. Mendoza, que dirige uno de los conglomerados de alimentos mejor valorados en la nación sudamericana, ha reconocido la veracidad de la conversación y ha rechazado en un comunicado “los intentos de manipular a la opinión pública” para involucrarlo en la diatriba política local. Y concluyó: “No es nada nuevo que líderes y expertos, de distintas ideologías económicas y políticas, consideren urgente implementar cambios económicos en el país”.
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