Este lunes vence el plazo para que los funcionarios o servidores públicos que tomaron posesión el pasado 16 de agosto depositen ante la Cámara de Cuentas (CCRD) su declaración jurada de patrimonio.
El artículo 5 de la Ley 311-14 establece que «los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal».
El proceso de depósito de documentos ha causado revuelo en las últimas semanas debido a que varios legisladores denunciaron que los requisitos del órgano fiscalizador para completar este trámite legal eran exagerados o ilegítimos.
Hasta el momento, en la página web de la Cámara de Cuentas no se han registrado declaraciones de las autoridades que se juramentaron el pasado mes. Solo las personas electas para cargos públicos en las elecciones del 19 de mayo ascienden a 296.
La ley que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos no especifica si este plazo se puede prorrogar o extender.
Según el último comunicado de la institución, no ha ocurrido ninguna modificación a la normativa y requerimientos existentes desde el 2016, de manera que todos los requisitos que deben cumplir los declarantes continúan siendo los mismos.
«El cambio que ha operado es la trazabilidad de la documentación, lo cual es un mecanismo de fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas», establece el documento.
De igual forma, la institución explicó que «un funcionario público no tiene bienes privados del escrutinio. Es de conocimiento general que las informaciones sobre las declaraciones juradas son públicas».
A finales de la semana pasada, de los 222 legisladores del Congreso Nacional, solo 10 diputados y dos senadores electos y reelectos han completado y depositado sus declaraciones de patrimonio.
