El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva para el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José «Jochi» Ángel Gómez-Canaán y otros cinco implicados en el caso Camaleón.
El documento depositado por los fiscales detalla quiénes son los acusados y cuál fue su participación en este entramado de corrupción.
Hugo Beras Goico
De acuerdo al expediente depositado por el órgano acusador en la solicitud de medida de coerción, Beras, entre el mes de agosto de 2022 y noviembre de 2023 fue quien dirigió y autorizó la fraudulenta adjudicación de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas que eran requeridas.
Beras fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado.
El Ministerio Público acusa al excandidato a alcalde por el Distrito Nacional de ser el coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, entre otros.
Además, indica que Beras es el principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, con clara participación en la orquestación del fraude en la licitación.
Jochi Gómez
La Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), imputa a José Ángel Gómez-Canaán (Jochi Gómez), quien es propietario de la empresa Aurix S.A.S., como el principal beneficiario económico del esquema.
La Pepca aduce que Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia.
También, utilizó a Transcore Latam y Dekolor para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.
Jochi es investigado por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, lavado de activos, usurpación de identidades empresariales, entre otros.
Además, es señalado como el principal responsable del sabotaje a la red semafórica en el gran Santo Domingo, a finales de agosto de este 2024, así como también de actos de terrorismo en contra de infraestructuras críticas del Estado dominicano.
Frank Rafael Atilano Díaz
Otro de los implicados en el caso Camalaeón es Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien fue coordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant.
Según el documento, Atilano Díaz tuvo una activa participación en la adjudicación irregular de contratos y aseguró que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta.
El rol de Frank Rafael en el entramado fue manipular la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los demás acusados, según señala el organismo acusador.
Asimismo, lo acusan formalmente de ser coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, entre otros.
Samuel Baquero Sepúlveda
De igual forma, figura en el expediente Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien se desempeñó como director de Tecnología del Intrant.
El Ministerio Público sostiene en su acusación que como encargado de la red semafórica y de videovigilancia del gran Santo Domingo, Gregorio Baquero fue una pieza clave en la coordinación técnica del fraude.
Señala que Baquero Sepúlveda fue quien facilitó control de los sistemas a la empresa Transcore Latam S.R.L., la cual no cumplía con los requisitos legales ni técnicos para ejercer esas funciones.
El órgano fiscalizador apunta que este adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a las empresas Aurix, Transcore Latam e Inprosol. Mientras, falsificó el contenido de una certificación en donde declaraba que el Intrant había recibido de forma completa los bienes y servicios de Transcore Latam, esto con el propósito de que le desembolsaran el pago.
Samuel Gregorio es imputado por participar en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos, siendo coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación, se lee en el documento depositado.
Juan Francisco Álvarez
En tanto que, el exdirector Administrativo y Financiero del Intrant, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, es imputado de emitir una certificación falsa en la que afirmaba que el Intrant contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación.
No obstante, los fondos fueron solicitados en mayo de 2023 y se recibieron hasta julio, a lo que el Ministerio Público asume que esto demuestra que el proceso se inició sin que el Intrant contara con la debida apropiación de fondos, y así la falsedad de contenido.
De igual forma, Juan Francisco es acusado de manejar la desviación de fondos para la estructura, a través de una nómina de supuestos «jornaleros». Esta línea de investigación que se encuentra bajo auditoria.
Solicitan prisión preventiva contra Álvarez Carbuccia por ser coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación, entre otros.
Pedro Padovani
Pedro Vinicio Padovani Báez, es el exencargado del Centro de Control de Tráfico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y socio de Jochi Gómez, este hombre fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico, conforme a lo establecido por la Pepca.
El expediente sostiene que luego de Padovani renunciar a su cargo en el Intrant, colaboró de manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam y tuvo participación directa en el fraude de la Licitación Pública Nacional número “Intrant-CCC-LPN-2023-0001”.
Por esto, es imputado de formar parte de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, entre otros.
Asimismo, es mencionado en contribuir a la implementación de los esquemas de lavado de activos, en el sabotaje a la red semafórica y en actos de terrorismo en contra infraestructuras críticas del Estado dominicano.
Carlos Peguero
Por último, el Ministerio Público acusa Carlos José Peguero Vargas, de ser responsable junto a Jochi Gómez, de movilizar fondos a través de la empresa Inprosol S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam.
Peguero era el encargado de los asuntos técnicos-informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán, dice el organismo. “De igual forma colaboró en la construcción de la estructura financiera ilícita de este”.
A Peguero Vargas se le imputa asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, así como sabotaje a la red semafórica, y en actos de terrorismo en contra infraestructuras críticas del Estado dominicano.
