El Gobierno Dominicano informó que se encuentra a la espera de que la Cámara de Diputados apruebe las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo a la ley de Compras y Contrataciones Públicas, la cual ya fue aprobada por el Senado de la República.
De acuerdo con declaraciones del director General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, entre las medidas propuestas está la prohibición a los exfuncionarios de tener relación comercial y profesional con la institución que representaron o sus subordinadas, durante el año siguiente de su salida. Se estableció un tiempo de dos a tres años de prisión por declaraciones juradas falsas para registrarse como proveedores del Estado o participar en alguna contratación.
Además de fijar entre dos a cinco años de prisión y multas de hasta 50 salarios mínimos a los servidores que intervengan en los procesos de contrato de manera dolosa y se determinó que las instituciones deberán incluir en sus portales informaciones relativas a su actividad contractual.
Creación de sistema anticorrupción
Al hablar ante los medios de comunicación durante La Semanal, el presidente Luis Abinader señaló que la modificación a ese texto legislativo forma parte de la política del Gobierno en mejorar la transparencia gubernamental.
El mandatario igual informó que el Gobierno está trabajando en un decreto para la creación del Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción, el cual será concretado la próxima semana.
“En ese sentido estamos trabajando en un decreto para crear el Sistema Nacional de Transparencia Anticorrupción que nos permita aglutinar y pasar del gabinete que tenemos a un sistema de mucho mayor agilidad que pueda coordinar e integrar las estrategias gubernamentales en materia de transparencia y lucha anticorrupción”, afirmó el mandatario.
El Gobierno explicó que este es un sistema creado para coordinar e integrar las estrategias gubernamentales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, permitiendo garantizar la eficiencia en la ejecución de políticas públicas para estos fines con asesoría de la OCDE, en cultura de transparencia, cero impunidad y régimen de consecuencias.
Para esto se implementan estrategias para reducir riesgos de corrupción en la administración pública, se garantiza el acceso a información pública de manera clara y oportuna, se fortalece la fiscalización de recursos públicos para detectar y prevenir irregularidades y se implementan mecanismos para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita.
