Del altar a la deportación: los riesgos del matrimonio por papeles en Estados Unidos

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El matrimonio por papeles puede convertirse en un tremendo dolor de cabeza para los novios que dicen amarse para conseguir la codiciada green card o tarjeta verde

El arresto de la cubana Yosandra Piedra Vázquez, a quien las autoridades de Florida acusan de fraude migratorio por casarse con 10 hombres entre 2002 y 2012, volvió a encender las alarmas de un delito que, si es descubierto, puede hacer trizas el sueño americano.

Piedra facilitó a sus esposos la residencia legal permanente (tarjeta verde o green card) a cambio de dinero, indican documentos judiciales.

La acusación apunta que Piedra conspiró para defraudar y obtener beneficios migratorios, además de obstruir e interferir en la ejecución de la ley de inmigración.

Los 10 esposos de Piedra presentaron el Formulario I-485 para gestionar la residencia legal permanente tras la celebración del matrimonio. La acusación dice que los contrayentes cometieron los delitos a sabiendas e infringieron leyes federales.

La acusación no detalla cuánto recibió Piedra por cada matrimonio. Sin embargo, involucra a Yoel de Moya Lozada como el conspirador que trabajó de enlace para celebrar las uniones.

«El matrimonio por conveniencia, cuando la razón principal fue el casarse para obtener la residencia, es una violación muy seria», dijo a Univisión Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego.

«Los acusados intencionalmente se asociaron, conspiraron y acordaron entre ellos y otras personas (…) para celebrar matrimonios fraudulentos», se lee en el documento.

El fraude tenía como objetivo que «los extranjeros no cubanos calificaran fraudulentamente a los beneficios migratorios» que otorga la Ley de Ajuste Cubano.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), dijo a Univision Noticias que se toma “muy en serio” el trabajo de hacer cumplir las leyes de inmigración, y advirtió que “todas las peticiones basadas en matrimonio, solicitudes de ajuste de estatus y de naturalización se someten a exhaustivos controles de antecedentes y de seguridad”.

“La mayoría de los casos basados en matrimonio reciben una entrevista, ya sea en una oficina local o en un consulado de Estados Unidos”, explicó Joanne Ferreira, vocera para medios hispanos de la USCIS. “La entrevista puede ocurrir ya sea durante la adjudicación de la petición de matrimonio, cuando el beneficiario solicita una visa de inmigrante o no inmigrante para entrar a Estados Unidos o se llevará a cabo en el momento en que el beneficiario es pedido para ajustar su estatus al de residente legal permanente”.

Velásquez dijo que «cuando se sospecha fraude en casos de parejas disparejas, donde hay gran diferencia de edades, entre otras razones, se hace la entrevista y se graba en vídeo. Y se entrevista a la pareja por separado para ver si hay inconsistencias en el testimonio».

La USCIS dijo que cada caso es “revisado individualmente para asegurar que la evidencia presentada es confiable y establece la validez del matrimonio. Si las pruebas aportadas por el beneficiario o peticionaria plantea preocupaciones acerca de la validez de la relación, se requiere que el agente interrogue a la peticionaria con la información negativa”.

En caso de discrepancias una o ambas partes pueden ser señaladas de fraude y la USCIS puede llevar a cabo una investigación administrativa, añade.

Durante la investigación, la USCIS dijo que se pueden incluir “visitas a la casa de la pareja, así como entrevistas con los vecinos y amigos tanto el beneficiario como del peticionario”.

“Los casos confirmados de fraude matrimonial pueden conducir a una prohibición permanente a ciertos beneficios de inmigración”, dijo la agencia. Y preciso que además de la información obtenida en el momento de la entrevista, “la unidad de detección de fraudes y de seguridad nacional también recibe comentarios de testigos, ya sea por escrito o por vía oral”.

En cuanto a las consecuencias legales, la agencia dijo que pueden haber sanciones de carácter civil “o consecuencias
penales”.

La persecución penal por matrimonio fraudulento para conseguir beneficios migratorios “es controlado por el Departamento de Justicia” y prevé una pena de cinco años de prisión y una multa de $250,000 para cualquier persona “que a sabiendas contrae matrimonio con el propósito de evadir cualquier disposición de las leyes de inmigración”, dijo la agencia.

«La persona que vende los papeles para que un extranjero obtenga beneficios puede ser acusada por las autoridades federales», dijo a Univision Noticias Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que reside en Phoenix, Arizona. «El Departamento de Justicia puede hacer un proceso criminal que incluye multas y pena de cárcel».

«Y a la persona que está comprando los documentos le será muy dificil que pueda obtener un benericio migratorio si le prueban que cometió fraude en base de matrimonio. Será muy dificil que alguien te quite ese antecedente», agregó.

La ley también faculta al DHS a revisar el caso y, de probar el fraude, ”resultar en un motivo de deportación”, dijo Ferreira.

“Típicamente solo hacen esto cuando ven que hay mafia”, dijo Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Al inmigrante le niegan el caso y lo citan ante un juez de inmigración, quien puede ordenar una deportación que, si no la cumple, los agentes de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) lo van a buscar”.

Barrón advirtió que en los casos de fraude el DHS “actúa agresivamente en contra del inmigrante”.

Un extranjero que contrae nupcias con un ciudadano cubano obtiene la residencia permanente de una manera más expedita que se casa con un estadounidense o un residente legal.

Los datos oficiales sobre casamientos por papeles son escasos. Un informe del Centro de Estudios de Inmigración titulado “Hola, te quiero, no me dirás tu nombre” (Hello, I Love You, Won’t You Tell Me Your Name: Inside the Green Card Marriage Phenomenon), indica que en 2008 entre un 5% a un 30% de las green card que se conceden a cónyuges al año serían fraudulentas.

En el año fiscal 2012 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgó 273,429 residencias por casamiento (equivalente al 26.5% del total), una de las principales razones para otorgarlas. En el 2013 otorgó 248,332 (25.1%) y en el 2014 238,852 (23.5%).La USCIS dice que por ley, los ciudadanos y los residentes legales pueden pedir a sus cónyuges, tanto en casos de parejas conformadas entre un hombre y una mujer así como parejas gays.

“Lo más triste de la gente que agarran haciendo fraude y los deportan, es que después se divorcian y con el pasar del tiempo encuentran al amor de su vida que, si es ciudadano estadounidense, se topará con la furia del gobierno al querer arreglar ahora de buena fe sus papeles”, concluyó Barrón.

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