El anuncio del presidente Danilo Medina de someter a la justicia aquellas personas que sean halladas culpables de provocar la deforestación en los bosques del territorio nacional, ha despertado el escepticismo entre ambientalistas ante la proclama, y creen que las autoridades deben comenzar por vigilar a los “grandes”.
Expertos consideran innecesarios los pronunciamientos que hiciera el mandatario frente a productores de Hondo Valle, en Elías Piña, de que “a partir de ahora el que se meta a deforestar va preso” y estiman que lo único que debe garantizarse es el cumplimiento de la Ley Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual estipula claras sanciones para quienes incurran en violaciones a sus disposiciones.
Luis Carvajal, profesor de biología y ciencias agronómicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), define como lamentable la situación medioambiental del país y revela que todas las cuencas de los ríos “se encuentran amenazadas”.
“Lo único que tenía que decir el presidente es que se va a aplicar la ley. Yo espero que se aplique a las riquezas extremas que han estado depredando las cuencas altas (de los ríos)”, sostiene Carvajal, quien también es miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias de República Dominicana (ACRD).
En un informe de marzo del presente año, elaborado por la ACRD y la UASD, se expone la delicada situación de las zonas montañosas de Constanza, Jarabacoa, Bonao, Ocoa y Padre Las Casas como consecuencia del desarrollo de la producción hortícola en terrenos con pendientes propensos a la erosión y la consecuente contaminación de las aguas que descienden por estas laderas.
Además, se advierte que producto de la actividad agrícola en las cumbres montañosas “se está deforestando y eliminando todo tipo cobertura vegetal, quedando los suelos expuestos a la erosión”.
Carvajal denuncia la ocupación de las cuencas de los ríos Yaque del Sur, Yaque del Norte, Nizao y el bajo Yuna por la agricultura extensiva como un factor donde “el poder extremo del país se ha manejado de una manera prepotente”.
Otro factor a tomar en cuenta son las concesiones mineras en las cercanías de parques nacionales como Armando Bermúdez, Nalga de Maco y el área verde de Loma Miranda, “lo cual contradice con esta visión política” de apresar a quienes infrinjan la ley, reflexiona el profesor Carvajal.
En la Constitución de 2010, se establecen claras disposiciones hacia la protección del medio ambiente, los recursos naturales y en especial el agua como un patrimonio nacional de uso público e inalienable.
El artículo 17 de la Carta Magna “declara de prioridad nacional y de alto interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales”.
Para Yvonne Arias, directora ejecutiva del Grupo Jaragua, una de las principales problemáticas de la deforestación en el país, es la implicación de personas pertenecientes a grupos de poder político y militar vinculados a grandes intereses en la agricultura o el trasiego de madera hacia Haití.
Señala que estos grupos se han convertido en “intocables” que se han caracterizado por la sustitución de los bosques primarios por la siembra de rubros, así como por el corte de árboles para el tráfico de carbón el cual tiene un matiz internacional que traspasa las fronteras del vecino Haití.
A lo largo de los años, el flagelo de la deforestación como consecuencia de la intervención humana ha arrasado con miles de hectáreas de bosque primario en la isla, que según un informe de 2012 del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, la cubierta forestal ha sido reducida a un 2% en Haití y a un 21% en República Dominicana.
“Vamos a aplaudir cuando se produzcan las acciones”, garantiza el profesor Carvajal.
4 La investigación de la Academia de Ciencias y la UASD, que tiene como objeto de estudio el bosque y los recursos hídricos en la Cordillera Central, desvela el desplazamiento de la diversidad de la flora y la fauna en la zona causando “la simplificación del ambiente y degradación paisajística”. En ello, según el documento, convergen empresarios del Valle de Constanza, Tireo, La Vega, Santiago y Santo Domingo “con recursos económicos suficientes para propiciar los desmontes”, tala de las faldas de montañas, establecimiento de pastizales y ganadería intensiva para con ello promover la perturbación de las tierras altas en el corazón de la principal red acuífera del país.
