Dos años después del inicio de la histórica normalización entre Estados Unidos y Cuba, el gobierno saliente del presidente Barack Obama advierte a su sucesor, Donald Trump, de los riesgos de dar marcha atrás con la apertura iniciada.
El 17 de diciembre de 2014, Obama y su homólogo cubano, Raúl Castro, anunciaban al mundo un acuerdo que se tradujo en incrementos de viajes, intercambios, negocios y remesas entre los dos países, la reapertura de las embajadas tras más de medio siglo de enemistad y el colofón de la histórica visita del mandatario estadounidense a la isla en marzo pasado.
En octubre, Obama emitió una directiva presidencial para sellar su política de apertura hacia Cuba y hacerla “irreversible”, confiado entonces, como la mayoría de los estadounidenses, en que la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ganaría las elecciones y daría continuidad a la normalización con la isla, como había prometido.
Sin embargo, las elecciones las ganó Trump, quien en las primarias republicanas había mostrado una postura más abierta que sus rivales respecto a Cuba, pero tras la muerte de Fidel Castro a finales de noviembre pasado amenazó con poner fin a la normalización a no ser que el gobierno de la isla firme con él “un acuerdo mejor”.
Según explicó entonces un vocero del magnate, Trump exigirá a Cuba “la liberación de los presos políticos, el retorno de los fugitivos de la Justicia estadounidense y también la libertad política y religiosa para todos los cubanos que viven bajo opresión”.
Para Ben Rhodes, asesor adjunto de seguridad nacional de Obama, dar marcha atrás en el proceso de apertura hacia Cuba de los últimos dos años sería “increíblemente dañino” para EE.UU. y también para los cubanos, además de “impopular”.
Al admitir la “incertidumbre” en torno a qué hará Trump con Cuba, Rhodes dijo, no obstante, “tener esperanza” en que el presidente electo entienda que la política de acercamiento impulsada por Obama “es mejor que la anterior de aislamiento, que no funcionó”.
Rhodes argumentó también que “este es el peor momento posible” para cerrarse a la isla, ya que se avecina un momento de “transición” política con la anunciada retirada del presidente Raúl Castro en 2018. “Si acabas con todo lo que hemos creado, en esa transición va a triunfar la línea dura y nosotros queremos ver que se siguen abriendo”, alertó el asesor de Obama.
El Gobierno de Obama defiende el “progreso real” logrado en estos dos años y que el presidente ha utilizado al máximo su autoridad ejecutiva para relajar el embargo, lo que se ha traducido en acuerdos de compañías como Verizon, Marriott, Airbnb y Google para hacer negocios en la isla.
Un informe del centro de estudios WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) destaca que Cuba y EE.UU. negocian actualmente al menos media docena de acuerdos más que estarán finalizados “en las próximas semanas”. Según esta institución, gracias al levantamiento de las restricciones de viajes los cubano-estadounidenses realizan ahora más de 400.000 visitas al año a la isla.
La normalización “beneficia a los ciudadanos de los dos países. Cuba está atravesando un proceso lento pero real de reformas económicas y se han visto movimientos hacia la apertura política. Los lazos crecientes entre los pueblos cubano y estadounidense son centrales para este proceso”, argumenta el informe de WOLA.
Otros expertos se muestran más críticos al recapitular los avances de los últimos dos años, como es el caso del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, una agrupación de empresas estadounidenses interesadas en aumentar el comercio con la isla.
Según John Kavulich, presidente de esa entidad, “ha habido oportunidades perdidas, abandonas y mal manejadas” porque, a su juicio, los temas “difíciles” de la normalización han sido evitados por ambos gobiernos y “la comunidad empresarial de Estados Unidos ha sufrido por ello”.
En su balance del segundo aniversario, este Consejo subraya que, de las 34 empresas de EE.UU. que han anunciado tener presencia en Cuba, la mayoría (26) se concentran en sectores como transporte, comunicación o alojamiento, todos ellos “fuentes de ingresos para la República de Cuba”.
Además, el Gobierno de Cuba no ha permitido a las compañías estadounidenses entablar relaciones con entidades “independientes” (empresas o particulares) y tampoco establecer oficinas en la isla, con la excepción de las aerolíneas.
