Un juez federal argentino procesó el martes a la ex presidenta Cristina Fernández y a varios de sus antiguos funcionarios por asociación ilícita y administración fraudulenta de obras públicas antes y durante su gestión, en el segundo procesamiento desde que dejó el poder hace un año.
Las investigaciones sobre denuncias de corrupción durante la gestión de Fernández se reactivaron con fuerza tras la llegada del Gobierno del presidente Mauricio Macri, algo que la ex mandataria considera una «persecución judicial» que podría dejarla tras las rejas.
Además del procesamiento, que significa que la ex presidenta está acusada de esos delitos y ahora deberá defenderse en un juicio oral, el juez Julián Ercolini le dictó un embargo por 10.000 millones de pesos (unos 644 millones de dólares).
El magistrado ordenó medidas similares para otros ex funcionarios, como el antiguo ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, quien a mediados de año fue detenido cuando intentaba esconder bolsos con millones de dólares en divisas en un convento.
Los acusados «habrían formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz», afirmó Ercolini en el fallo.
Fernández -que gobernó por dos mandatos entre 2007 y 2015 tras suceder a su esposo, el fallecido Néstor Kirchner- ya fue procesada en mayo por otro juez federal por «administración infiel en perjuicio de la administración pública», en una causa en la que se investigan operaciones del Banco Central.
Néstor Kirchner fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, donde vivía con Fernández, durante más de una década hasta que llegó a la presidencia de Argentina en el 2003.
Reuters
