En una resolución histórica, que puede complicar las cosas al Gobierno de Theresa May, el Tribunal Supremo británico ha fallado este martes por la mañana que el Parlamento deberá aprobar la activación de las negociaciones de salida de la Unión Europea. El fallo -aprobado con el voto en contra de solo tres de los 11 magistrados y leído por el presidente de la sala a las 9.30, hora de Londres- entrega a los diputados la posibilidad de enmendar y entorpecer los planes de la primera ministra de conseguir un Brexit limpio y duro, que saque completamente a Reino Unido del mercado único para recuperar el control total sobre la inmigración.
El Gobierno reclamaba su derecho a utilizar la prerrogativa real -que permite al Ejecutivo tomar determinadas decisiones en nombre de la Corona sin consultar al Parlamento- para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que abre el plazo de dos años de divorcio de la UE. Pero una serie de ciudadanos, encabezados por la ejecutiva de la City Gina Miller, a los que se ha sumado en segunda instancia el Gobierno autónomo escocés, defienden que la negociación del Brexit requiere la aprobación parlamentaria, ya que la salida de la UE sustraerá a los británicos derechos que les han sido garantizados por el propio Parlamento. Así lo ha confimrado el Supremo, que reconoce en su fallo la vigencia de la prerrogativa real pero advierte de que no puede utilizarse para cambiar leyes, algo para lo que solo el Parlamento es soberano.
El tribunal, sin embargo, rechaza que el Gobierno deba contar con el consentimiento de las cámaras legislativas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para invocar el artículo 50. «Las relaciones con la UE y otros asuntos de política internacional están reservados al Parlamento y al Gobierno, y no a las instituciones autónomas», dice el fallo. Dicha posibilidad amenazaba con poner aún más obstáculos en el camino, sobre todo después de la crisis institucional en que se encuentra Irlanda del Norte, tras la dimisión de su vice inistro principal, Martin McGuinness.
A las puertas de la sala, el fiscal general, Jeremy Wright, ha reconocido que el Gobierno se encuentra «decepcionado» por el fallo del tribunal. «Pero vivimos en un país en el que todos, incluido el Gobierno, estamos bajo el imperio de la ley», ha defendido, y ha añadido que el Ejecutivo «cumplirá» la sentencia. Pero la Justicia, ha advertido Wright, no se ha pronunciado sobre la salida de Reino Unido de la UE, algo que «los ciudadanos ya decidieron en referéndum».
«El pueblo británico votó por abandonar la UE y el Gobierno cumplirá ese veredicto activando el artículo 50 antes del final de marzo, tal y como estaba planeado. El fallo de hoy no cambia eso en ninguna medida», explica una portavoz de Downing Street. «Es importante recordar que el Parlamento apoyó el referéndum por un margen de seis a uno y que ya ha indicado su apoyo a continuar con el proceso de salida con el calendario que hemos establecido. Respetamos la decisión del Tribunal Supremo y presentaremos nuestros próximos pasos en el Parlamento en breve», añade.
«Solo el Parlamento puede garantizar derechos a los británicos y solo el Parlamento ouede quitárselos», ha resumido la demandante Gina Miller tras conocer el fallo. «No hay duda de que el Brexit es el asunto más divisorio de esta generación, pero este proceso es de carácter legal y no político», ha añadido Miller, que ya el año pasado denunció que había recibido amenazas de muerte y abusos online como consecuencia de su iniciativa. «Me asombra el nivel de abusos personales que he recibido solo por plantear una pregunta legítima», ha denunciado esta mañana, tras conocer que la Justicia volvìa a darle la razón.
La Corte Superior británica dio la razón a los demandantes en primera instancia,el pasado 4 de noviembre, y el Gobierno recurrió al Supremo, la más alta instancia del país, que hoy le ha vuelto a quitar la razón, esta vez en sentencia firme. Las reacciones al fallo en primera instancia revelaron la crudeza de la fractura que divide al país desde que el pasado 23 de junio los británicos decidieran abandonar la UE, por un 52% contra un 48%. “Enemigos del pueblo”, titulaba al día siguiente en su portada el Daily Mail, tabloide que encarna la voz más dura del Brexit, señalando a los magistrados firmantes del fallo. «Una vez más la élite muestra su desprecio por los votantes del Brexit», insistía esta mañana el Mail en su edición digital.
Pero no cabe duda de que el fallo del Supremo, aunque el Gobierno prácticamente daba por hecho que sería contrario a sus intereses, constituye una importante derrota para May. La primera ministra debe ahora presentar un proyecto de ley que se someterá a escrutinio parlamentario. Está previsto que el ministro del Brexit, David Davis, intervenga este mismo mediodía en la Cámara de los Comunes para anunciar los planes del Gobierno que, según diversas fuentes, pasan por publicar el proyecto de ley a finales de esta semana.
La intención del Gobierno, según han publicado medios británicos, es redactar un texto lo más corto e inocuo posible para evitar que los diputados puedan llenar de enmiendas el proceso legislativo y poder así ajustarse al calendario de May, que ha prometido activar el artículo 50 antes del final de marzo. Pero, según publica The Guardian esta mañana, abogados dentro del Gobierno han desaconsejado a la primera ministra una redacción excesivamente escueta que abra la puerta a más desafíos legales en el futuro. De hecho, el origen de esta batalla legal, como ha reconocido la propia Miller, está en la pobre redacción del proyecto de ley original del referéndum.
El fallo del Supremo se conoce menos de una semana después de que la primera ministra presentara en Londres las líneas maestras de su visión de la ruptura con la UE. May dejó claro que persigue una ruptura radical que deje al país completamente fuera del mercado único, el mayor bloque de libre comercio del mundo, como única manera de recuperar el control sobre las fronteras y de salir de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. El del Brexit fue sobre todo, en la interpretación de la primera ministra, un voto por recuperar el control de la inmigración, y ese será el objetivo que guíe al Gobierno en sus negociaciones de salida.
A pesar de que la mayoría de los diputados se opone a la línea dura en la ruptura con la UE defendida por May, nadie espera que utilicen el poder que hoy les ha confirmado el Supremo para bloquear completamente el Brexit, traicionando el deseo de los británicos expresado en el referéndum. Pero sí que a través del escrutinio parlamentario traten de empujar al Gobierno hacia una salida menos dramática. El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha confirmado que el principal partido de la oposición «no frustrará la invocación del artículo 50 pero introducirá enmiendas». Pero algunos de sus diputados, incluidos miembros de su Gabinete en la sombra, planean desafiar sus órdenes, lo que desataría la enésima batalla en el seno de un laborismo que no acaba de encontrarse cómodo en un debate crucial para el país.
La libra esterlina alcanzó ayer su máximo anual respecto al dólar, en parte anticipando un fallo del Supremo como el que se ha conocido esta mañana. Cualquier movimiento que se aleje de un Brexit duro tiende a estimular a los mercados. Los analistas no descartan más subidas, aunque parte del efecto de un fallo que se daba prácticamente por hecho se haya ya asimilado.
