Se espera que los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) recientemente adoptados proclamen el inicio de una nueva era en el desarrollo global, una era que promete transformar el mundo en nombre de la gente, el planeta, la prosperidad, la paz y la colaboración. Pero existe un océano de diferencia entre prometer y hacer. Y, si bien las declaraciones globales son importantes -priorizan el financiamiento y canalizan la voluntad política-, muchas de las promesas de hoy ya se hicieron antes.
Por cierto, el éxito de los ODS dependerá, en gran medida, de cómo influyen en otras negociaciones internacionales, particularmente las más complejas y polémicas. Y un ensayo temprano está vinculado a un objetivo para el cual la Comisión de Océano Mundial hizo campaña activamente: «conservar y utilizar de manera sustentable los océanos, los mares y los recursos marinos para un desarrollo sustentable».
Cuando los líderes políticos se reúnan en la décima Conferencia Ministerial de la OMC en Nairobi en diciembre, tendrán la oportunidad de tomar medidas para cumplir con una de las metas más importantes de ese objetivo: la prohibición de los subsidios que contribuyen a la pesca abusiva y a la pesca ilegal, no denunciada y no regulada no más tarde de 2020.
Esta no es una ambición nueva; ha estado en la agenda de la OMC durante muchos años, y ha figurado en otras declaraciones de desarrollo sustentable internacionales. Pero, inclusive hoy, los países gastan 30.000 millones de dólares al año en subsidios al sector pesquero, 60% de los cuales fomentan de manera directa prácticas insostenibles, destructivas o hasta ilegales. La resultante distorsión del mercado es un factor importante detrás de la mala gestión crónica de los recursos pesqueros del mundo que, según calcula el Banco Mundial, le han costado a la economía mundial 83.000 millones de dólares en 2012.
Además de la preocupación por las finanzas y la sustentabilidad, la cuestión plantea interrogantes urgentes sobre la equidad y la justicia. Las economías ricas (en particular Japón, Estados Unidos, Francia y España), junto con China y Corea del Sur, responden por el 70% de los subsidios pesqueros globales. Estas transferencias hacen que a miles de comunidades que dependen de la pesca les resulte difícil competir con rivales subsidiados, y amenazan la seguridad de los alimentos de millones de personas en tanto flotas industriales de tierras lejanas agotan sus cardúmenes oceánicos.
África occidental, donde la pesca puede ser una cuestión de vida o muerte, se está viendo particularmente afectada. Desde los años 1990, cuando los navíos extranjeros, principalmente de la UE y China, empezaron a pescar en una escala industrial frente a sus costas, a muchos pescadores locales se les tornó imposible ganarse la vida o alimentar a sus familias.
Entre 1994 y 2005, la pesca de Senegal cayó de 95.000 a 45.000 toneladas, según estimaciones oficiales, y el país perdió la mitad de su flota de piraguas de madera tradicionales. Cuando el volumen de peces colapsó en 2005, 5.000 personas decidieron dedicar sus botes de pesca ociosos a otros fines, y huyeron a las Islas Canarias españolas. Un año más tarde, más de 30.000 personas emprendieron el mismo viaje peligroso y unas 6.000 murieron ahogadas. Los pescadores senegaleses y mauritanos y sus familias también están entre los miles de personas que arriesgan su vida para llegar hoy a Europa.
En altamar, la distorsión es inclusive mayor. Según economistas del sector pesquero, los subsidios otorgados por algunos de los países más ricos del mundo son la única razón por la cual la pesca industrial en gran escala más allá de las zonas económicas exclusivas de 200 millas de los países costeros resulta rentable. Pero los peces no respetan las fronteras internacionales, y se calcula que el 42% de la pesca comercial que se captura se desplaza entre las zonas exclusivas de los países y el mar abierto. En consecuencia, la pesca industrial lejos de la costa socava la pesca costera, más artesanal, de los países en desarrollo.
Eliminar los nocivos subsidios pesqueros en 2020 no sólo es crucial para conservar el océano; también afectará nuestra capacidad para cumplir con otros objetivos, como nuestras promesas de poner fin al hambre, alcanzar una seguridad alimenticia y reducir la desigualdad entre los países, y al interior de sus fronteras.
La credibilidad tanto de la OMC como de los recientemente adoptados ODS estará en juego en Nairobi. La Comisión de Océano Global ha establecido un claro programa de tres pasos destinado a eliminar los subsidios pesqueros tan perjudiciales. Todo lo que se necesita es que los gobiernos finalmente concuerden en poner fin a la injusticia y los estragos que causan.
Afortunadamente, hay señales alentadoras. Cerca del 60% de los miembros de la OMC están a favor de un control de los subsidios pesqueros, y el apoyo del grupo de países en desarrollo de África, del Caribe y del Pacífico -junto con el aporte de la UE para mejorar la transparencia y la información- le da un nuevo impulso al esfuerzo. Entre las iniciativas que se están planteando de cara a la reunión de Nairobi está la llamada «propuesta NZ+5». Patrocinado en conjunto por Nueva Zelanda, Argentina, Islandia, Noruega, Perú y Uruguay, el plan eliminaría los subsidios pesqueros que generan la sobrepesca y contribuyen a la pesca ilegal, no denunciada y no regulada.
La Comisión de Océano Global insta al 40% restante de los miembros de la OMC -y especialmente a los actores más importantes que hoy bloquean este progreso- a aceptar las propuestas relativamente modestas que hay sobre la mesa. De ello depende el futuro sustentable de nuestro planeta y sus océanos.
