La administración Trump ha entregado este jueves nuevos documentos que señalan que cerca de 600 niños migrantes aún están separados de sus padres. De estos, los padres de 410 menores ya han sido deportados a sus países de origen, predominantemente a Guatemala, El Salvador y Honduras, pero la Administración aún no tiene un plan claro para ubicarlos y proceder a la reunificación con sus hijos.
Los planes para la reunificación presentados por los abogados de ACLU y por el departamento de Justicia (DOJ) se debatirán este viernes en la corte, aunque de antemano son ampliamente divergentes. La decisión de cómo salvar las diferencias recae sobre el juez federal, Dana Sabraw, quien ordenó que más de 2,500 niños se reúnan con sus familias.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que interpuso una demanda contra el Gobierno en nombre de las familias migrantes, solicita más información sobre los repatriados para agilizar el proceso de reunificación de los niños que aún están en los albergues.
Mientras, los abogados del Gobierno han pedido ayuda a los demandantes y que estos usen sus «recursos considerables» para localizar a los padres. Si bien, la ACLU se muestra dispuesta a colaborar para localizar a estos padres, considera que el gobierno de Trump debe asumir la mayor parte de esta tarea.
«No solo fue la práctica anticonstitucional de separación del Gobierno lo que llevó a esta crisis, sino que el gobierno de Estados Unidos tiene por mucho, más recursos que cualquier grupo no lucrativo», manifesta ACLU.
La disputa gira en torno a cuántos detalles debe entregar la Administración sobre cada inmigrante deportado para dar con su paradero. Mientras que el Gobierno insiste en que ya ha dado datos suficientes, como las fechas y las direcciones que entregaron los padres en el momento de la deportación, la ACLU mantiene que no son de ayuda.
Como ejemplo, ACLU dice que algunos de estos datos corresponde a «calle sin nombre» o únicamente el nombre de la ciudad de destino. Por eso, han pedido este jueves que el juez ordene que se entreguen también números de teléfonos, información sobre si los menores en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) han estado en contacto con sus padres, y que se precisen los casos en que éstos hablen un idioma indígena, entre otras peticiones.
En una pasada audiencia, abogados del Gobierno advirtieron de que cumplir con este tipo de solicitud llevaría un tiempo que se podría invertir en la propia reunificación.
Por otro lado, la ACLU reiteró que requiere más información para corroborar los casos de los padres que fueron catalogados por la Administración como «no elegibles» para reunificación.
Según esta organización la reunificación podría concretarse de dos formas. En caso de que el padre no quiera regresar a Estados Unidos, el Gobierno debe encargarse de los documentos de viaje para que el niño viaje con un trabajador social a su país de origen. En cambio, si el padre prefiere viajar a por su hijo, la ACLU pide que se les conceda una visa humanitaria y que se cubran los gastos de los dos vuelos.
Según este nuevo informes, el Gobierno ha reunificado con sus familias cerca de 2,000 menores migrantes.
Estas propuestas llegan una semana después de que se haya cumplico el plazo fijado por el juez Dana Sabraw al gobierno de Trump para reunificar a todos los niños separados de sus padres. El primero, para los menores de 5 años, venció el pasado 10 de julio, pero no cumplió con el plazo.
El segundo, para los mayores, venció el pasado 26 de julio y el Gobierno apuntó que se habían reunificado cerca de 1,800 de un total de 2,551. Además señaló que más de 700 adultos eran «no elegibles» porque habían sido deportados, liberados de la custodia de inmigración, tenían antecedentes penales u otras razones, bien eligieron no reunirse con sus hijos o sus casos aún estaban en revisión.
