La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) acusó este viernes a la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC) de colocarse por encima del estado de derecho, al pretender que se ponga en vigencia una norma del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) que ya suspendió la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Anadegas así lo sostienen ante la versión de la SEC, que integran las empresas Total, Sunix, Esso e Isla, de que la Resolución 22-13 del MIC del 11 de febrero de 2013 y que regula la distribución, transporte y venta de combustible en el país, se comenzaría aplicar desde el 26 de mayo próximo.
Apuntó la entidad que agrupa a los detallistas de gasolina que “si el Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró inadmisibles recursos contenciosos interpuestos para la nulidad de la esa resolución, la misma fue recurrida en casación por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), según consta en el expediente número 2015-4703 del alta tribunal.
Ese recurso del TSA tiene un efecto suspensivo contra la decisión atacada, razón por la que no entendemos el afán de intentar poner en ejecución la decisión”.
Enfatiza Anadegas que la resolución 22-13 está suspendida por efecto de la sentencia cautelar número 074-2013, contenida en el expediente número 030-13-00282, que ha sido objeto de revisión, proceso que aún está vigente. “En la actualidad existe un recurso contencioso administrativo identificado con el número 030-13-00404, el cual está en fase de instrucción”.
Explica que “en buen derecho, no se puede pretender que la citada resolución se ponga en ejecución, dado que siendo este un Estado social, democrático y de derecho, que se rige por la separación de los poderes, la medida del MIC está ahora es objeto de procesos jurisdiccionales para determinar si está acorde con la Constitución”.
