La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó este viernes su apoyo a la ordenanza de igualdad de género, que impulsa el Ministerio de Educación y que ha generado rechazo de las iglesias del país.
El comité ejecutivo nacional del gremio, encabezado por su presidenta Xiomara Guante, solicitó la participación de la ADP en la elaboración de esta política de equidad, además de calificar como correcta su implementación.
En sus declaraciones, Guante consideró como “notoria” la desigualdad entre hombre y mujeres.
“No podemos seguir tolerando que las mujeres continúen (siendo) discriminadas en cuanto a la inserción laboral y en la retribución del trabajo, a pesar de haberse logrado el cierre de brecha en la educación secundaria y universitaria a favor de la mujer”, dijo la presidenta.
Como prueba indicó la disparidad en la participación de las féminas en instituciones públicas, afirmando que en más de veinte ministerios, apenas tres están ocupados por mujeres; «la Junta Monetaria no emplea ninguna; en siete órganos reguladores tampoco; de 32 senadurías, solo tres; y de los voceros de partidos políticos en el Senado y la Cámara de Diputados, una», dijo.
De igual forma señaló la discrepancia salarial existente entre géneros, asegurando que el salario promedio de las mujeres es 18% menor que el recibido por los hombres.
Guante exhortó a que esta política sea importante en el currículo educativo, para que niños, niñas y adolescentes aprendan desde las aulas el valor de la igualdad de género.
“La ADP entiende que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”, sostuvo la presidenta de los profesores.
La asociación instó al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, a convocar un proceso de discusión de la política de equidad de género en el que participen todos los sectores de la sociedad, y en especial las mujeres.
La ordenanza referida se trata de la orden departamental 33-19 del ministerio de Educación (Minerd), que tiene como fin cumplir con el mandato constitucional del derecho a la educación como garantía para la igualdad y dignidad humana, y creando las condiciones para garantizar la igualdad de oportunidades.
Esta disposición ha sido controversial, teniendo apoyo y críticas de distintas instituciones, organizaciones y personalidades públicas.
