Avanza un movimiento nacional en Estados Unidos por el derecho a elegir morir

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Fortalecida por una victoria en Colorado el martes 8 de noviembre, una controversial campaña para permitirles a los pacientes terminales acceder a medicamentos para terminar con su vida se está moviendo a otros campos de batalla a lo largo de la nación.

Los habitantes de Colorado aprobaron por una abrumadora mayoría la iniciativa para permitir que los médicos prescriban drogas letales para pacientes terminales, adultos en pleno conocimiento de sus actos, que quieran terminar con sus vidas.

Colorado es el sexto estado en permitir esta práctica, siguiendo a Oregon, Washington, Montana, Vermont y California. Washington, DC está a punto de aprobar una legislación similar.

La propuesta de Colorado enfrentó la resistencia de grupos religiosos con objeciones morales y defensores de los discapacitados, recelosos del abuso de poder. Los opositores recaudaron más de 2,6 millones, la mayor parte de los cuales provinieron de la Arquidiócesis de Denver. Los partidarios, que argumentaron que los pacientes en fase terminal merecen la opción de «morir con dignidad», recaudaron más de $5,4 millones, principalmente de la Compassion & Choices Action Network. Ambas cifras están detalladas en los reportes que deben presentar las entidades para trasparentar las donaciones que reciben ante la secretaría de estado de Colorado, y que Kaiser Health News revisó.

«Colorado demuestra lo que hemos estado diciendo: los votantes quieren leyes que ayuden a morir porque quieren tener todas las opciones posibles al final de la vida», dijo Toni Broaddus, director nacional de asuntos políticos y abogacía en Compassion & Choices, entidad que ha estado presionando por estas leyes en todo el país.

Los defensores llevaron el tema directamente a los votantes después que los legisladores de Colorado rechazaron una propuesta similar el año pasado. Cuando se contaron todas las boletas al día siguiente de las elecciones, la medida había ganado por un margen cercano al 2-1.

“Aprobar una propuesta por una mayoría tan significativa, demuestra la naturaleza no partidista del tema, y el amplio apoyo”, dijo Broaddus.

Colorado fue uno de los 19 estados que consideraron leyes sobre el derecho a morir este año. Mientras que muchas sesiones legislativas han terminado, Broaddus dijo que tiene esperanza sobre la legislación pendiente en New Jersey, y espera que un proyecto de ley en Nueva York sea reintroducido en enero.

Broaddus dijo que Compassion & Choices tiene personal y redes de voluntarios listos para trabajar en: New Jersey, New York, Maryland, Minnesota, Hawaii, New Mexico y Massachusetts. Y eso puede ser sólo el comienzo: «cerca de la mitad de los estados considerará una legislación similar en el 2017”, predijo.

Estos esfuerzos se volvieron más potentes desde que Brittany Maynard, de 29 años y quien padecía un cáncer cerebral terminal, se convirtió en la poderosa cara pública del movimiento en el 2014. Debido a que su California natal no lo permitió en ese momento, Maynard se trasladó a Oregon para recibir la prescripción letal que utilizó para poner fin a su vida. El esposo de Maynard, Dan Díaz, ha pasado los últimos dos años instando a otros estados a dar esa opción a los pacientes.

El impulso también llega en un momento en que los baby boomers están envejeciendo, confrontando la planificación del fin de la vida para sus padres y ellos mismos, “tratando de asegurarnos de no tener la atención médica que no queremos», dijo Broaddus.

Además de sus esfuerzos legislativos, Compassion & Choices está presionando a los tribunales para que aclaren las leyes estatales en Massachusetts, New York y Vermont. Ese enfoque resultó efectivo en Montana, donde la corte suprema estatal dictaminó en el 2009 que la ley estatal protege a los médicos de la persecución si ayudan a los pacientes terminales a morir, legalizando tácitamente la práctica.

Estos esfuerzos en todo el país han provocado una fuerte reacción entre los opositores.

«Los que están a favor están apuntando a cada estado», dijo Rita Marker, directora ejecutiva del Patient Rights Council, que se opone a estas medidas.

En Washington, DC, su grupo ha estado trabajando con iglesias afroamericanas y personas de la tercera edad de bajos ingresos que temen que las leyes pongan en riesgo a los pacientes en desventaja.

La nueva ley de Colorado, basada en la ley de Oregon de 1997, requiere que los pacientes hagan dos peticiones verbales con 15 días de diferencia y una solicitud escrita, observada por dos testigos, para obtener una medicación letal. Dos médicos deben afirmar que al paciente le quedan seis meses o menos de vida.

Aunque no se han reportado muertes maliciosas desde que Oregon legalizó el proceso hace casi 20 años, Marker dijo que las protecciones no son lo suficientemente fuertes como para prevenir la coerción de médicos, familiares o herederos. Estas leyes exigen que los pacientes se auto administren las drogas, pero Marker señaló que no hay ningún requisito para que un médico sea testigo de la muerte.

«Todas estas salvaguardas desaparecen cuando se ordena la prescripción», dijo.

Diane Coleman, presidenta de un grupo nacional de defensa de la discapacidad llamado Not Dead Yet, dijo que las leyes crean una peligrosa dinámica financiera en la que las compañías de seguros pueden negar los tratamientos costosos, pero cubrir las drogas letales.

«¿Las aseguradoras harán lo correcto o lo barato?», se preguntó.

Coleman también dijo que un diagnóstico erróneo podría hacer que los pacientes terminen sus vidas de manera demasiado prematura. Su grupo, que sólo tiene tres miembros pagados, está trabajando con redes de defensores de la discapacidad para luchar contra la legislación en todo el país.

«Dondequiera que se planteen los proyectos de ley, vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos», dijo.

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