En 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó aproximadamente unos US$590 millones destinados al sector público, principalmente en proyectos de apoyo a medidas de política en los sectores de productividad y salud y seguridad social, así como inversiones en educación, salud y protección social.
Estos desembolsos cubrieron cerca del 15% de las necesidades de financiamiento de la República Dominicana y permitieron al país alcanzar un flujo neto de préstamos de US$471 millones con el Banco.
Esto de acuerdo al informe de actividades 2015 del BID en el Istmo Centroamericano (Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y la República Dominicana.
En el informe se destacan algunos resultados alcanzados en República Dominicana con el apoyo de la cartera activa de préstamos: en el sector salud unas 74,000 personas de bajos recursos fueron incorporadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y 150 centros de atención primaria han sido construidos y equipados.
En educación unos 10,000 docentes fuegon capacitados y se ha acompañado al Ministerio de Educación en la adecuación y ampliación de escuelas para la implementación de jornada extendida y la puesta en marcha del Programa Quisqueya Empieza Contigo para fomentar el desarrollo infantil.
Mientras que en protección social, unas 240,000 familias han sido beneficiadas con el programa nacional de transferencias condicionadas.
Asimismo, en energía se invirtió en la mejora e instalación de unos 400 kilómetros de redes de distribución y mejora en la gestión corporativa en el sector eléctrico con el fin de reducir pérdidas y mejoras en el servicio a más de 100,000 clientes.
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DÓNDE FUERON ESTOS RECURSOS
Aproximadamente un 50% de estos recursos disponibles están orientados a desarrollar proyectos de integración en transporte y energía, los cuales contribuirán a reducir los costos logísticos y facilitarán el acceso a mercados para los productores. Un 42%, acompaña la introducción de cambios significativos en la prestación de servicios básicos de salud, educación y agua y saneamiento, áreas en donde la región muestra el mayor déficit, mientras que el 8% restante se dirige a fortalecer las finanzas públicas y la transparencia.
