Tal como señaló el lunes el gobernador de California, Jerry Brown, ABX2 15 no es solo cualquier otro artículo de la legislación: por definición es una cuestión de vida o muerte.
«El punto decisivo del asunto es si el estado de California debe continuar considerando un crimen el hecho de ayudar a una persona a terminar con su vida», dijo Brown, «sin importar cuán grande es su dolor y sufrimiento».
El gobernador dejó clara su perspectiva –e hizo de la ABX2 15, a la cual también se le llama la «Ley de opción de fin de vida», una ley a nivel estatal– cuando firmó la polémica legislación el lunes.
Hasta entonces, Brown no había indicado cuál era su postura en el asunto. Hasta que explicó que su decisión era personal, basada en sus reflexiones «sobre lo que yo querría ante mi propia muerte».
«No sé lo que haría si estuviera muriendo con un dolor prolongado e insoportable», escribió en una carta dirigida a los legisladores del estado. «Estoy seguro, sin embargo, de que sería un consuelo poder considerar las opciones proporcionadas por este proyecto de ley».
«Y no le negaría ese derecho a otros».
¿Una decisión subjetiva?
La alianza «Californians Against Assisted Suicide» (Californianos contra el suicidio asistido) que se opone a la medida, calificó esta lógica como errónea. En un comunicado, el grupo dijo que los legisladores deberían primero haber pensado en cómo afectará la ley a los desfavorecidos… no a los bien relacionados, como Brown.
«Como una persona acaudalada y con acceso a la mejor atención médica y a los mejores doctores del mundo, el origen del gobernador es muy diferente al de millones de californianos que viven en la pobreza respecto a la atención médica y que carecen de ese mismo acceso», dijo la coalición, la cual añadió que está «revisando todas sus opciones para seguir adelante». «Estas son las personas y las familias potencialmente perjudicadas al darle a los médicos el poder de prescribir sobredosis letales a los pacientes».
Brittany Maynard defendió el movimiento
Durante décadas, el Dr. Jack Kevorkian fue el rostro estadounidense del movimiento conocido como «derecho a morir» o «suicidio asistido». El patólogo de Michigan no solo promovió la legislación del «derecho a morir», sino que también ayudó a varios pacientes a morir… entre ellos uno, en 1999, que lo condujo a una condena por cargos de asesinato en segundo grado derivados de la muerte de un paciente que sufría de esclerosis lateral amiotrófica, comúnmente llamada enfermedad de Lou Gehrig.
Pero el año pasado, fue Brittany Maynard quien trajo el tema a la conciencia nacional. El día de Año Nuevo del 2014, ella supo que tenía cáncer de cerebro. Y unos meses más tarde, decidió mudarse de California a Oregón para poder, de manera legal, tomar medicamentos para acabar con su vida… todo antes de cumplir 30 años de edad.
«Yo no le diría a nadie más que debería elegir la muerte con dignidad», escribió Maynard en un artículo de opinión de CNN.com. «Mi pregunta es: ¿Quién tiene derecho a decirme que yo no merezco esta elección? ¿Que merezco sufrir por semanas o meses con enormes cantidades de dolor físico y emocional? ¿Por qué alguien debería tener el derecho de tomar esa decisión por mí?»
En noviembre pasado, Maynard tomó medicamentos para poner fin a su propia vida, con lo que llevó a cabo lo que su sitio web llama «una elección bien pensada e informada para morir con dignidad frente a una enfermedad terrible, dolorosa e incurable».
Sus últimos días podrían haber sido diferentes si California hubiera tenido la misma legislación que tiene ahora (y que Oregón tuvo el año pasado).
Los opositores: el proyecto de ley ‘impulsará a las personas hacia opciones letales más económicas’
Otros defendieron esa causa después de su muerte.
Sin embargo, hubo muchos que se opusieron al esfuerzo e instaron a Brown para que vetara la legislación. Entre ellos aquellos vinculados a los «Californianos contra el suicidio asistido», cuyo portavoz, Tim Rosales, dijo que muchos hablaron en contra del esfuerzo, incluyendo «los legisladores progresistas que representan distritos de bajos ingresos».
En su página web, los «Californianos contra el suicidio asistido» enumeraron docenas de organizaciones que se oponen al proyecto de ley que Brown firmó el lunes. Estas incluyen Incluyen la American Academy of Medical Ethics (Academia Estadounidense de Ética Médica), la Asociación Médica Estadounidense, la California Catholic Conference (Conferencia Católica de California), el Disability Rights Center (Centro de Derechos de los Discapacitados) y muchos otros.
«Todos sabemos que esa ‘opción’ es un mito dentro del contexto de nuestra injusta realidad de cuidado médico», dijo el grupo después de que el Senado estatal aprobó el proyecto de ley el mes pasado. «Las opciones de tratamiento para el final de la vida ya están limitadas para millones de personas… restringidas por la pobreza, la discriminación por discapacidad y otros obstáculos.
«El añadir esta así llamada ‘opción’ a nuestro disfuncional sistema del cuidado de la salud presionará a las personas para optar a opciones letales más baratas».
La reacción a la decisión de Brown del lunes fue muy diferente en el sitio web dedicado a la memoria de Maynard. Barbara Coombs Lee, la encargada de Compassion and Choices, señaló que esto significa que «estamos ofreciendo esta opción» –para que los enfermos incurables le pongan fin a su propia vida– «a más de 1 de cada 10 estadounidenses».
La firma fue ovacionada por Christy O’Donnell, una madre soltera de 47 años de edad, de Santa Clarity que padece de cáncer en los pulmones, el cerebro, la columna, las costillas y el hígado, quien testificó en apoyo de la legislación.
«¡Estoy encantada por toda la gente con enfermedades terminales en California, quienes ahora pueden descansar al saber que finalmente tienen la opción de ayuda para morir como una de sus opciones del final de su vida!», dijo O’Donnell. «No más preocupaciones porque sufrirán un gran dolor físico y emocional al final de su vida cuando ya han sufrido dolorosamente durante tanto tiempo como consecuencia de sus enfermedades terminales».
cnn.com
