El Senado dominicano pospuso el lunes para la legislatura que comienza el 16 de agosto el debate de un nuevo código penal que mantiene penas de cárcel para las mujeres que interrumpan su embarazo y los médicos que las asistan.
Una versión anterior de la ley que nunca entró en vigencia habría despenalizado la interrupción del embarazo en ciertas condiciones.
En la última sesión de la presente legislatura, que concluye a medianoche del lunes, los senadores decidieron someter el proyecto al análisis de la comisión de justicia que será conformada con los legisladores que tomen posición de sus curules el 16 de agosto.
El proyecto creó un amplio debate y recibió críticas por parte de asociaciones de salud y organizaciones de derechos humanos por mantener penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres y de hasta 10 años para el personal médico que colabore en un aborto.
La pieza también fue cuestionada por representantes del poder Ejecutivo, autoridades de los ministerios de Salud y la Mujer y representantes de hospitales privados, mientras recibió el apoyo de organizaciones religiosas.
Fidel Lorenzo, presidente de la principal asociación de iglesias evangélicas, insistió el lunes que despenalizar el aborto viola la constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción y destacó que “los legisladores saben muy bien eso”.
Rafael Mena, presidente de la asociación de hospitales privados, cuestionó el lunes la pieza al estimar que en el país se realizan cerca de 90.000 abortos al año y al ser considerados un crimen, se practican de forma clandestina y en la mayoría de ocasiones en condiciones insalubres.
Las autoridades intervinieron el fin de semana una clínica privada en los alrededores de Santo Domingo y detuvieron a cinco personas, entre ellos médicos y el director, presuntamente por realizar abortos. Un juez ordenó el lunes mantener en prisión preventiva a uno de los médicos y en detención domiciliaria al director del centro a fin de continuar la investigación.
César Pina, consultor jurídico del poder Ejecutivo, había adelantado de forma previa a la sesión del Senado que el presidente de la República aún tiene la posibilidad de objetar la ley en caso de ser aprobada e “introducir algún tipo de enmienda” a fin de despenalizar el aborto en algunos casos.
Las organizaciones Amnistía Internacional y Oxfam consideraron en un comunicado conjunto que el proyecto que discuten los senadores representa un retroceso con respecto de la ley que ya había sido promulgada en 2014 y que despenalizaba la interrupción del embarazo bajo ciertas circunstancias.
A finales del 2014, el presidente Danilo Medina ya había vetado el proyecto de código penal que está en discusión desde 1997 y pidió a los legisladores que establecieran con precisión que el aborto no sería considerado un crimen cuando estuviese en peligro la vida la madre, el embarazo fuese resultado de una violación sexual o el embrión presentara malformaciones graves.
Las sugerencias del gobernante fueron adoptadas y aprobadas por la Cámara de Diputados y el proyecto fue promulgado.
Poco antes de que el nuevo Código entrara en vigencia, el Tribunal Constitucional lo declaró inválido por solicitud de varias organizaciones religiosas. El Tribunal no se pronunció sobre el tema del aborto, sino que consideró que el proceso de aprobación en el Congreso había sido incorrecto.
Los diputados aprobaron nuevamente el proyecto de forma urgente el pasado 19 de julio, pero eliminaron el artículo que despenalizaba el denominado aborto terapéutico y lo enviaron al Senado para que lo ratificara.
Víctor Bisonó, el diputado que propuso la eliminación del artículo, explicó que como miembro de un partido social-cristiano no puede apoyar el aborto.
Con este nuevo código, “República Dominicana ha perdido una oportunidad de oro para proteger los derechos humanos de las mujeres”, habían dicho Amnistía Internacional y Oxfam.
La pieza deberá esperar ahora a que comience la nueva legislatura el 16 de agosto y se conforme la comisión de justicia del Senado que deberá analizarlo a fin de presentar un informe ante el pleno de esa cámara.
