El presidente Danilo Medina ejecutó, en el período 2012-2016, el primer gobierno de los últimos 34 años que se desempeñó sin la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque sí bajo la vigilancia institucional del organismo financiero internacional.
Medina es apenas el segundo gobernante electo que, en los últimos 50 años, ejecutó su mandato sin la asistencia financiera del FMI. El primero fue Antonio Guzmán Fernández, quien lo hizo en el período 1978-1982.
República Dominicana ha firmado nueve acuerdos con el FMI en distintas variedades, y la gran mayoría han concluido sin ser cumplidos totalmente.
Desde Stand by, Facilidad Ampliada, “sombra” y “puente” han sido las modalidades de los acuerdos contratados, la mayoría en la época de alta condicionalidad que tenía el organismo. Algunas de esas definiciones fueron hechas localmente, como “sombra”.
Cuando Medina asumió la Presidencia de la República, en agosto del 2012, hacía seis meses que se había interrumpido un acuerdo de 28 meses y US$1,700 millones que quedó sin ejecutarse el último tramo y un desembolso pendiente de US$500 millones.
Sin los recursos que el FMI aportó en los dos ejercicios anteriores, ni las restricciones que los acuerdos imponen, Medina ejecutó un Gobierno con la prudencia fiscal que él se autoimpuso.
República Dominicana pactó tres acuerdos con el FMI que abarcaron los años 2000-2003, 2005-2008 y 2009-2012. El primero y el último de los cuales terminaron inconclusos, sin que el país recibiera desembolsos equivalentes a unos US$350 y US$500 millones, respectivamente.
Últimos acuerdos fallidos
Los acuerdos de los años 2003 y 2009 se montaron y concluyeron por causas similares. El origen de la negociación fue la crisis financiera, en el primer caso la bancaria que se originó localmente, por la quiebra de tres bancos, y la segunda por la crisis financiera internacional, incubada en las famosas hipotecas basura. Esos dos acuerdos, uno firmado por el Gobierno de Hipólito Mejía y el otro por el de Leonel Fernández, terminaron sin cumplimento total, por inconvenientes en el sector eléctrico. El interrumpido en el gobierno de Mejía fue por la compra que hizo el Estado de las distribuidoras de electricidad Edesur y Edenorte, con cuya operación el FMI entendió que el país había excedido su límite de endeudamiento. De ese acuerdo, por un monto global de US$437.8 millones, el país apenas recibió un pequeño adelanto y quedaron sin desembolsar por la ruptura US$350 millones.
El pacto del 2009, que involucró el mayor monto tomado por el país en el organismo financiero internacional, se cayó en el 2012 porque el FMI reclamaba un aumento de la tarifa eléctrica, que habría sido el tercero en el marco de ese acuerdo, y el Gobierno se opuso, alegando que ya había incrementado el costo de ese servicio en un 21% en un lapso de un año.
El aumento debía producirse en el primer trimestre del 2012, período en el cual el país estaba inmerso en un proceso electoral que culminó con la elección de Medina como titular del Poder Ejecutivo.
Al no avanzar el acuerdo al último tramo, el país optó por acordar un pacto de post monitoreo, una especie de acuerdo de seguimiento en el cual el FMI vigila y sugiere medidas, pero sin desembolso alguno y el Gobierno puede cumplir o no las recomendaciones, sin ninguna consecuencia como las de los acuerdos de Facilidad Ampliada firmados en los años 2005 y 2009.
En ese escenario, Medina ascendió a la Presidencia y en lugar de procurar retomar el sendero de los acuerdos con el FMI, instituyó su propio esquema de disciplina fiscal, para enfrentar el problema del elevado déficit fiscal que se había producido en los primeros ocho meses del año, que se colocó en alrededor del 8% del PIB, cuando en el acuerdo anterior el país había prometido operar con superávit primario durante los años de vigencia del pacto. Las medidas de austeridad decretadas por el presidente Medina buscan disciplinar las finanzas públicas, fortalecer las cuentas fiscales, y asegurar la estabilidad macroeconómica dominicana. La medida original fue establecida con una duración de un año.
Mediante el decreto 499-12 emitido en octubre del 2012 y dado a conocer durante el Consejo de Gobierno, el Poder Ejecutivo prohibió las donaciones y contribuciones en provecho de terceros, la adquisición de nuevos vehículos, los obsequios, tarjetas de navidad, distribución de canastas navideñas y el arrendamiento de instalaciones privadas para celebrar actividades.
Asimismo, limitó el uso de tarjetas de crédito, exceptuando al Presidente y la Vicepresidenta de la República, ministros y directores o administradores generales de los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes.
El decreto estableció también que los gastos en publicidad y propaganda en televisión, radio y prensa, que lleven a cabo los organismos del Estado, deberán ajustarse a las normativas que establecerá la Dirección General de Comunicación del Gobierno.
El Gobierno también prohibió las remodelaciones de oficinas públicas y las compras de mobiliarios, y ordenó al Ministerio de Hacienda inventariar y establecer las políticas necesarias para evaluar la factibilidad de vender los vehículos de lujo y de alto consumo de propiedad estatal.
Fuera de la tutela del FMI, el presidente Medina ejecutó un gobierno fundamentado en el manejo, flexible o rígido según las circunstancias, de las dos principales políticas económicas, la fiscal y la monetaria. Los resultados fueron tasas de crecimientos que promediaron 7% en sus tres años de ejercicios completos. En el 2013 el PIB creció un 4.8%, en el 2014 un 7.6% y en el pasado 2015 el crecimiento fue de 7.0%.
Crecimiento sin el FMI fue similar al de pactos
Solo en los años del primer acuerdo con el FMI, el del período 2005-2008, la economía dominicana reportó mayores crecimientos promedio que los de los tres ejercicios del período 2013-2015. En ese lapso, el promedio de crecimiento económico fue de 8.5%, como resultado de un crecimiento del PIB en el 2005 de un 9.3%, de un 10.7% en el 2006, un 8.5% en el 2007, y un 5.3% en el 2008, año este último cuando ya se sentían los efectos de la crisis financiera internacional, la cual obligó al Gobierno a procurar el acuerdo con el FMI del 2009, el de mayor cantidad de recursos y más tiempo de aplicación. En el primer año de ese acuerdo el PIB dominicano creció un 3.5%, subió a un 7.8% en el 2010, creció un 4.5% en el 2011 y un 3.9% en el 2012, cuando ya el pacto había cesado porque la revisión del último trimestre del 2011 no falló.
