El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instó a los fiscales del país a solicitar prisión, como medida de coerción, para quienes sean detenidos en posesión ilegal de armas de fuego, y a los jueces a acoger la medida y no conceder libertad bajo fianza en ninguno de estos casos.
Al participar en la inauguración de una nueva Oficina de Atención al Ciudadano, el funcionario señaló que, cuando se deja libre a una de estas personas se está enviando a la calle a alguien que, probablemente, vaya a cometer un atraco o algún otro delito, incluso homicidio.
Domínguez Brito señaló la importancia de luchar contra el porte y tenencia ilegal de armas, una de las mayores causas de muerte en el país, y afirmó que no se puede permitir que se sigan produciendo.
Además, insistió en que hay que ser inflexible con aquellas personas que incurran en su uso y aludió a la trascendencia de contar lo antes posible con una Ley de Armas para hacer frente a esta lacra.
El jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, que también estaba presente en el acto, coincidió con el criterio del procurador y reconoció que la delincuencia se ha convertido en una epidemia, tal y como señaló esta mañana el empresario José Luis Corripio.
«Yo estoy totalmente de acuerdo con él, y precisamente eso estamos haciendo nosotros, vamos a ser enérgicos contra la delincuencia», dijo Peguero Paredes.
Asimismo, admitió que la institución que dirige no goza de la confianza de la población y que su imagen está deteriorada, circunstancia que espera paliar una reforma profunda con la que está personalmente comprometido, afirmó.
La debilidad que experimenta el cuerpo de seguridad debe constituir un reto a superar para los 38,000 miembros de la Policía, y aseguró que mientras esté al frente de la institución trabajará para transformarla y para lograr un aumento salarial, especialmente para los agentes de menor rango.
Con respecto al Centro de Atención al Ciudadano en la Plaza Sambil, donde funcionará un «Sistema Policial de Gestión de Denuncias», Peguero Paredes explicó que permitirá «mapificar» la actividad delictiva y mejorar la lucha contra la criminalidad. EFE
